El CERMI pide que se prohiban contratos de la Administración con empresas sin cuota de discapacitados

Actualizado: sábado, 14 octubre 2006 12:35


MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados que prohíban los contratos de la Administración con las empresas que no cumplan la cuota de reserva para trabajadores con discapacidad, informó hoy este colectivo.

El CERMI pretende que se incluya esta prohibición durante el actual trámite del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. La propuesta del CERMI significaría que para poder participar en un proceso de contratación pública las empresas obligadas a reservar un porcentaje de su plantilla a trabajadores con discapacidad, deberían acreditar que cumplen ese requisito, al inicio del procedimiento, como ocurre con las obligaciones de estar al corriente en sus cotizaciones a la Seguridad Social o con la Hacienda Pública.

Con esta medida, el CERMI cree que se reforzaría, sin coste para el erario público, el deber legal de reservar un porcentaje de la plantilla a favor de trabajadores con discapacidad, "pues todas las empresas que aspiraran a contratar con las Administraciones deberían cumplir con esa obligación legal".

A su juicio, la regulación de la contratación pública debe favorecer la efectividad de las obligaciones existentes en materia social, como es el caso de la reserva de empleo para trabajadores con discapacidad.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.

Además de esta propuesta, el CERMI ha solicitado a los Grupos Parlamentarios que la nueva legislación establezca como condición para poder contratar determinados productos y servicios la accesibilidad de éstos o reservar directamente un tanto por ciento de los contratos a centros especiales de empleo.

Siguiendo el criterio de la Unión Europea, que en 2004 adoptó dos directivas sobre contratación pública que reforzaban la dimensión social y medioambiental, el CERMI entiende que desde el sector público se puede ayudar, si se legisla adecuadamente, a los objetivos de inclusión laboral, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.