MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), tras analizar la propuesta de contrato medioambiental realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el debate previo al desarrollo del Plan Estratégico Nacional sobre Desarrollo Rural 2007-2013, ha considerado "acertado" el enfoque gubernamental pero ha definido la propuesta como "claramente insuficiente".
COAG explicó que lo ofrecido por el MAPA sitúa la explotación en el centro del desarrollo rural y busca las sinergias entre las diferentes medidas. Además, según la organización, posibilita la viabilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones.
No obstante el responsable de estructuras agrarias y desarrollo rural de COAG, Javier Sánchez, afirmó que "la propuesta del MAPA no se debe limitar a una serie de medidas en el ámbito de la mejora del medio ambiente, tiene que estar abierta a las necesidades de cada una de las explotaciones. De esta forma podremos extraer todo su potencial".
En este sentido Sánchez propuso la puesta en marcha de un contrato territorial de explotación, "abierto a todas las medidas que integran la política de desarrollo rural en el ámbito de la agricultura y la ganadería".
La organización explicó que el contrato debe ser elaborado a partir de un diagnóstico previo y global de la explotación, que ponga de manifiesto los principales aspectos de su actividad y a partir del cual se pueda realizar un Plan de Explotación que fije los principales objetivos para que la explotación alcance la viabilidad económica, social y medioambiental.
Este plan tiene que ser aplicado de forma ascendente por las organizaciones agrarias, ya que, según COAG, "el sector agrario ha alcanzado un grado de madurez suficiente que le permite gestionar este instrumento, a través de sus organizaciones profesionales, garantizando el éxito del mismo".
Asimismo, la organización agraria apuntó que este nuevo modelo ayudaría a la vinculación con otras medidas, como la reordenación de los derechos de producción, el régimen de transmisión de explotaciones o los arrendamientos rústicos. Además, promocionaría la entrada de los jóvenes en la agricultura y ganadería y simplificaría la gestión de ayudas públicas desde el punto de vista del beneficiario.