Anged asegura que la norma introduce criterios de planificación urbanística sobre los que el Estado no puede actuar
MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) advirtió hoy de que la nueva Ley de Comercio aprobada el jueves por el Congreso de los Diputados contiene preceptos con un "componente inconstitucional", que, a su juicio, son además "contrarios" a la Directiva de Liberalización de los Servicios, al introducir "criterios de carácter económico expresamente prohibidos en la norma comunitaria".
Anged, que engloba a empresas como El Corte Inglés, Ikea, Fnac, Carrefour, Alcampo, Toys 'R' Us y Eroski, entre otras, precisó en un comunicado que el texto incluye una disposición adicional "claramente inconstitucional", puesto que "mediante norma estatal se introducen criterios de planificación urbanística sobre las que el Estado no puede actuar".
Se trata, según explicó, de la disposición que recoge que "las autoridades competentes en el diseño de la planificación urbanística atenderán a los problemas de movilidad y desplazamientos derivados de las concentraciones comerciales fuera de los núcleos urbanos".
La asociación aseguró que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado "con claridad" sobre este asunto y prohíbe al Estado que regule o prejuzgue aspectos que corresponden propiamente al urbanismo. Anged se remite a la sentencia 164/2001, en la que se analiza determinados artículos de la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones que contienen determinadas expresiones que, "a juicio del Tribunal, suponen incursiones en la materia urbanística".
"El Estado no puede condicionar ni los usos del suelo en cada territorio ni indicarles a las comunidades autónomas y los entes locales cómo deben planificar en esta materia", apuntó.
La asociación empresarial consideró asimismo que la norma estatal contiene disposiciones que pretenden establecer una configuración determinada del comercio, al dictaminar que "se tendrán en cuenta el abastecimiento inmediato y adecuado de la población, facilitando la satisfacción de las necesidades de compra en un entorno de proximidad, con especial atención a aquellos ciudadanos que por cualesquiera razones tienen dificultades de desplazamiento".
APUESTA POR EL COMERCIO DE PROXIMIDAD.
Se trata, en su opinión, de un criterio de carácter económico --la determinación de la composición de la oferta-- "expresamente prohibido por la Directiva de Servicios en la medida en que supone una apuesta por un modelo de comercio --el de proximidad-- en detrimento del resto de los formatos".
Anged criticó que el Gobierno ha "desaprovechado una oportunidad única" para configurar un sector del comercio "más eficiente que se desarrolle en un marco de libre competencia".
"Una transposición de la Directiva de Servicios más ajustada al espíritu que guió a los legisladores comunitarios hubiera impulsado un importante salto en la competitividad del sector comercial e incentivado la inversión y la creación de empleo", agregó.
La organización hizo hincapié en que la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid "es la única que se ajusta fielmente al espíritu de la directiva" y permite el desarrollo de un mapa comercial "en el que caben todos los formatos, respetando absolutamente la libertad de elección de los consumidores".
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