MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las enmiendas de totalidad presentadas por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) pidiendo la devolución del proyecto de ley de Ordenación de los Transportes Terrestres al Gobierno, vetos ante los que sólo el PNV y Geroa Bai se han abstenido, frente al rechazo de PP, PSOE, CiU y UPyD.
Las enmiendas, que se han votado conjuntamente, ha contado con el apoyo únicamente de 16 diputados de IU-ICV-CHA, BNG, ERC, Amaiur y Compromís; frente al rechazo de los 297 parlamentarios del resto de formaciones, con la salvedad de Geroa Bai y el PNV, que se han abstenido. Tampoco se ha aceptado la avocación a pleno del proyecto, por lo que la Comisión de Fomento tendrá competencia legislativa plena para su aprobación.
El portavoz 'popular' de Transporte, Andrés Ayala, ha reprochado a los partidos que han presentado las enmiendas que lo hagan sólo porque la ley parte del PP, dado que es una norma "más técnica, de adaptación y modernización, que política y de reivindicaciones laborales o sectoriales". "Los términos de las enmiendas son ideológicamente incomprensibles", ha dicho.
"Se equivocan quienes creen que estamos ante una pérdida de control; estamos ante las nuevas tecnologías que nos hagan olvidar el lápiz, los manguitos y la visera. Pensaba que en eso al menos estábamos de acuerdo, pero parece que no. Estamos modernizando, no desregularizando", ha insistido el diputado.
Así, ha afirmado que esta ley es "muy importante y necesaria" y ha ofrecido "todo el diálogo necesario y la mano tendida" a la oposición para alcanzar acuerdos que permitan aprobar "con el máximo apoyo posible" un texto que "no tiene nada que ver" con la propuesta que el PSOE planteó y no llegó a aprobar la pasada legislatura.
HABRÁ MÁS COMPETENCIA DESLEAL
La portavoz de Fomento de IU-ICV-CHA, Ascensión de las Heras, ha detallado las razones de su veto a una ley "inoportuna" e innecesaria, que se basa en que "bajo la falsa promesa de una política liberalizadora lo único que se pretende es legislar bajo principios ideológicos privatizadores y desreguladores".
"Imponen una política de transporte al servicio de los intereses de unos pocos, que nada tienen que ver con el interés público", ha dicho, recordando que este sector debería "facilitar el derecho de las personas a la movilidad y al acceso a bienes y servicios" y "teniendo en cuenta la eficiencia y sostenibilidad medioambiental".
Además, ha asegurado que el proyecto de ley sólo ha atendido a las propuestas de los empresarios y "obvia los problemas reales del sector". En particular, ha criticado la "desregulación" del transporte ligero, que traerá "indeseables consecuencias"; la "desprofesionalización" al permitir a cualquier dedicarse al transporte por carretera; y el aumento de la siniestralidad vial y de la "competencia desleal" al abrirse la puerta a la venta a pérdidas.
Por su parte, Rosana Pérez (BNG) ha coincidido en la mayor parte de los argumentos, lamentando que el proyecto "no satisface las grandes expectativas" creadas y ha generado un "gran descontento" en un sector "muy importante" para la economía. "Avanzan en la desregulación sin introducir medidas de protección para los ciudadanos y las partes más débiles del sector", ha dicho.
Además, ha reprochado que se eliminen "requisitos necesarios" para controlar bien el sector, "desprotegen" a los transportistas, se "favorece a las multinacionales" en detrimento de los pequeños profesionales, e incrementarán la siniestralidad vial al eliminar requisitos administrativos y técnicos.
LA NORMA ES "NECESARIA Y URGENTE"
El socialista Rafael Simancas ha dicho que, aunque el proyecto de ley es "manifiestamente mejorable", la norma es "necesaria y urgente" porque el sector "no se puede permitir" un retraso en esta normativa. No obstante, a ha reconocido que el PSOE comparte parcialmente los argumentos de rechazo de la Izquierda Plural. "Pero no podemos votar su enmienda", ha añadido.
Además, ha criticado que el PP haya tardado tanto en traer la norma al Congreso, dado que el actual Ejecutivo ya la había dejado preparada y "consensuada" con el sector, y ha responsabilizado a la ministra de haber "metido la pluma" para empeorar el texto y crear discordia en los afectados, al abrir la puerta a una competencia desleal que "dejará en la calle a miles de transportistas" o al "hacer personalmente responsables a los trabajadores de las infracciones de sus empresas".
Simancas también ha advertido de que el nuevo canon concesional "encarecerá los billetes en transporte de viajeros". "Bajan el precio del ferrocarril y suben el del autobús, cuyos usuarios suelen ser más modestos", ha criticado, reprochando asimismo que se "liberalice en demasía" el sector del taxi, que "funciona razonablemente bien". "Resuelvan problemas en lugar de generar líos que no necesita ni la economía ni la sociedad española. Déjense ayudar, señora ministra", ha dicho.
APROBADO, EN PRINCIPIO
Isabel Sánchez Robles (PNV) ha justificado su abstención en la intención de los nacionalistas vascos de presentar una importante batería de enmiendas en la tramitación para intentar mejorar una normativa que afecta a un sector económico "muy importante".
El portavoz de Fomento de CiU, Pere Macias, se ha expresado en términos similares, aunque los nacionalistas catalanes votarán en contra de los vetos porque creen que la reforma legislativa es "necesaria" y además la propuesta del Gobierno "tiene de entrada un aprobado". No obstante, ha avisado contra los efectos de la "liberalización extrema" para colectivos como los taxis o los vehículos ligeros. Asimismo, ha pedido fórmulas para regular las cooperativas y resolver algunos aspectos competenciales.
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, también se ha pronunciado a favor de participar en la mejora del texto vía enmiendas, con la esperanza de que "el Gobierno incorpore lo que mejore el texto y no aplique el rodillo habitual". Además, cree que ésta es una buena oportunidad para "abordar aspectos técnicos" que afectan a la competitividad de este sector, dejando "para otra ocasión" un debate "más general" sobre la política de transporte.
