SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero andaluz de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, aseguró hoy que no se han exportado más pimientos almerienses con restos de plaguicida no autorizado por la UE, y auguró que la detección de partidas afectadas en Holanda será el final de la crisis.
"Se está llegando al final" en este proceso "si tenemos en cuenta que Alemania, Reino Unido y Holanda son los tres países donde sobre todo se exporta el pimiento almeriense", dijo Pérez Saldaña.
Al igual que ya se hizo con Reino Unido, se enviará a las autoridades de Holanda una comunicación donde el Ejecutivo regional ofrece una absoluta garantía de que, tras el aviso de alerta que se produjo por parte de Alemania, desde el 29 de diciembre "ningún pimiento sale de Almería que no tenga una certificación previa", sostuvo.
"Nadie puede pensar que a partir de esa fecha se hayan exportado pimientos que puedan tener algún tipo de residuo ilegal", aseguró. En Alemania, donde se efectuó el primer aviso de alerta, nueve empresas habían exportado pimiento almeriense, mientras que en Reino Unido había dos empresas y una firma que había exportado pimiento con pesticida ilegal en Holanda, recordó. En ese sentido, el consejero aseguró que todas las partidas interceptadas "corresponden a la misma fecha de salida de producto, en torno a la primera quincena de diciembre". Además, dijo que la cantidad de invernaderos afectados "es ínfima", concretamente 13 de 18.000 invernaderos, por lo que confió en que "la imagen de miles de agricultores no quede manchada por unos pocos".
En ese sentido, anunció que en el seno de la feria Fruitlogistica de Berlín, que se celebra la primera semana de febrero, la Consejería de Agricultura acudirá y ofrecerá una imagen promocional de "la verdadera Almería, la que apuesta por el 'Código Verde' --utilización de insectos en vez de insecticidas para combatir las plagas--, la de los 18.000 invernaderos y de los productos exquisitos".
Para ello, pretende acudir a dicha feria de forma conjunta junto a los agricultores almerienses y a los ayuntamientos de los municipios de la zona "pues debemos ir juntos, lo más unidos posible y dar una imagen de unidad; tenemos una gran oportunidad de clarificar nuestra posición y mantener nuestras fortalezas".
"Somos los primeros interesados en eliminar a los 'mafiosillos' que puedan entrar en este mercado", añadió Pérez Saldaña, quien descartó que por el momento se vaya a hacer alguna otra campaña en otro país, pues "lo que se hace en Almería repercutirá en el resto del mercado europeo".
"ASUMIR RESPONSABILIDAD"
Además reiteró su oferta de poner sobre la mesa 500.000 euros para promocionar la horticultura almeriense "pero para ello deben colaborar económicamente los agricultores, comprometiéndose a poner el otro 50 por ciento para tal campaña, pues los Presupuestos de la Comunidad están para apoyar pero no para sustituir".
"El sector se ha puesto las pilas y ahora con estos hechos tiene una gran oportunidad", agregó Pérez Saldaña, quien pidió a las organizaciones agrarias que apoyen a las delegaciones provinciales de Agricultura y de Salud para "erradicar esas conductas".
Asimismo, instó a los agricultores a asumir su responsabilidad en este suceso "y no pueden tratar de evitar su responsabilidad, pues no me vale que digan que el culpable es el que suministró el insecticida, pues el agricultor tiene la capacidad de saber qué esta utilizando y existen técnicos que les asesoran; aquí hay responsabilidades que todos asumiremos".
SANCIONES
Asimismo indicó que "no es posible que en los más de 5.500 controles que hemos hecho se hubiera detectado esta sustancia, que es muy minoritaria, que ni siquiera está dentro de las sustancias que puedan ser detectables con los medios actuales y que ni siquiera estaba dentro del listado que elabora la UE".
El consejero recordó que los invernaderos afectados se les abrió expediente que contempla sanciones de hasta 120.000 euros, y además se han cerrado sus instalaciones, de forma que durante 30 días no podrán producir cultivo. También se comunicó a la Fiscalía por si pudiera ser constitutivo de un delito contra la salud pública.
Explicó que los expedientes están abiertos, se ha nombrado un juez instructor, las partes afectadas podrán expresar su desacuerdo con las medidas tomadas y podrán recurrir, tras lo que el expediente finalizará con la emisión de una sanción "y en seis meses podremos saber si son graves o muy graves dichas infracciones".
"Los sistemas de alerta están funcionando, además en este caso no hay problemas para la salud, de forma que esta crisis nos ha servido para quitar a los que no valen y dejar a los que tienen buena prácticas", agregó.
