ESTRASBURGO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Eurocámara respaldó hoy por 374 votos a favor, 278 en contra y 17 abstenciones una norma para introducir en toda la UE penas mínimas de 4 años de cárcel y multas de 300.000 euros para combatir la piratería y las falsificaciones. Algunos eurodiputados, entre ellos Ignasi Guardans (CiU) y David Hammerstein (Verdes) señalaron que la directiva es confusa, corre el riesgo de criminalizar conflictos meramente civiles o mercantiles y no da garantías para los ciudadanos particulares.
Los parlamentarios introdujeron una serie de enmiendas a la propuesta original del Ejecutivo comunitario. La más importante es precisar que las sanciones penales sólo se aplicarán a las actuaciones destinadas a obtener un beneficio comercial. Los actos de piratería levados a cabo por usuarios privados para una utilización personal y sin ánimo de lucro --como las descargas de música o películas de Internet-- quedan así excluidos.
La norma califica como infracción penal cualquier violación voluntaria de un derecho de propiedad intelectual, incluyendo la tentativa, la complicidad y la incitación. La pena máxima de al menos cuatro años y/o multa de 300.000 euros se aplicará cuando el delito se cometa en el marco de una organización criminal o suponga un grave riesgo para la salud o la seguridad de las personas. Para casos menos graves, la sanción máxima debe ser de al menos 100.000 euros. La propuesta permite a los Estados miembros ir más allá de estos mínimos.
Las aduanas europeas interceptaron más de 103 millones de artículos falsificados en 2004 (8,7 millones en España), un 12% más que el año anterior, según los datos del Ejecutivo comunitario. El incremento ha sido del 1000% entre 1998 y 2004. Los productos más falsificados son cigarrillos, CDs y DVDs, ropa y fármacos. Además, aumenta la piratería de alimentos y bebidas alcohólicas (un 197%) y juguetes (47%). Más del 70% de los productos vienen de Asia, especialmente de China.
El eurodiputado de Convergència i Unió, Ignasi Guardans, lamentó la aprobación del texto porque "a pesara de las buenas intenciones es confuso y excesivamente amplio" lo que en derecho penal "es un campo de minas". "Corre el grave riesgo de criminalizar conflictos meramente civiles o mercantiles, y no da garantías para el ciudadano particular", destacó.
"Apoyo plenamente la lucha penal contra la piratería, si se hace con sentido común y con todas las garantías. Pero eso no puede extenderse a los conflictos en otros ámbitos de lo que en España denominamos propiedad industrial, que tienen sus propios cauces de resolución en los tribunales civiles", dijo Guardans a través de un comunicado.
Por su parte, Hammerstein destacó que las sanciones penales "crearán incertidumbre ante el uso de nuevas tecnologías". "Muchas de las áreas que cubrirá la nueva propuesta de directiva --por ejemplo, los derechos de autor--, están ya bastante bien cubiertos con las leyes nacionales, por lo que no se encuentra justificación a la introducción de estas sanciones penales", indicó.
A su juicio, el único punto positivo que se le puede encontrar a la nueva legislación es que "el uso privado e individual no está comprendido en la propuesta legislativa". "Ahora bien, algo tan banal como bajarse música de Internet y compartirla puede ser considerado como un acto criminal", alertó.
Andalucía
