MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El 32% de las empresas españolas sufrió en los dos últimos años algún tipo de delito económico, generalmente una falsificación, con un coste medio de 360.000 euros, según un informe de PricewaterhouseCoopers en el que, pese a constatarse la vulnerabilidad de las empresas del país, se aprecia que la situación es mejor que en la media de Europa.
De hecho, el sondeo de la consultora, realizado entre 3.500 altos directivos de 34 países, muestra que la media de perjuicios a empresas a nivel mundial es mucho mayor, del 45%, y que este porcentaje se sitúa en el 42% en el caso de Europa.
En España, el delito más habitual es la falsificación, que incluye prácticas como piratería de producto o espionaje industrial, según el 53% de las compañías encuestadas, por delante de la información privilegiada y de la apropiación indebida de activos, mencionados ambas en primer lugar por el 19%.
De las empresas afectadas, un 46% sufrió daños "colaterales" de difícil cuantificación como la perdida de clientes o de reputación, mientras que sólo el 31% logró recuperar parte del daño económico recibido.
El entorno en España es a priori más propicio y esta circunstancia provoca una relajación aparentemente superior a la de la media mundial. El informe de talla que sólo un 35% de las empresas acude a la contratación de seguros contra el fraude, por debajo de la media global, situada en un 49%.
A pesar de la creciente confianza que las compañías muestran hacia sus sistemas de control de riesgo, muchos de los fraudes a nivel nacional --un 17%-- siguen detectándose por casualidad y, en algunos casos, a través de denuncias anónimas. La auditoría interna es el método más eficaz para la detección de fraudes, según un 20% de las empresas encuestadas.
Al mismo tiempo, la mayoría de los delitos económicos comunicados es llevada a cabo por personal con amplio conocimiento de la organización. En España, el perfil de los autores responde, en un 89% de los casos, a hombres con edades comprendidas entre los 41 y 50 años y una formación académica superior.
En el 35% de los casos, la medida disciplinaria adoptada por la empresa afectada consistió en despedir a los autores de delito. Todas las empresas españolas que fueron víctimas de delito económico realizaron una investigación interna e informaron a sus consejos de administración, que en el 76% de los casos contrató la ayuda de investigadores o peritos externos.
