BRUSELAS, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea abrió hoy un expediente contra España debido a las restricciones observadas en algunas administraciones públicas por lo que respecta al material informático que utilizan y a la obligación de que éste sea marca Intel o "equivalente" al considerarla una medida "discriminatoria" y que podría ir en contra de la legislación comunitaria de contratos públicos.
Bruselas decidió iniciar hoy un procedimiento de infracción, que podría llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE, con el envío al Gobierno de una "carta de emplazamiento" donde le pide información sobre "la adquisición de ordenadores cuyas especificaciones técnicas requieren la utilización de microprocesadores de marca Intel o microprocesadores con valores de frecuencia de reloj mínimos".
Estas características figuran en 25 anuncios de licitación publicados en España por "autoridades públicas de todos los niveles de la administración (central, regional, local y organismos independientes)" para obtener material informático como PC, ordenadores portátiles y servidores, explicó hoy la Comisión en un comunicado.
En estos contratos se especificaba que el material debía ser de la marca Intel, "equivalentes a Intel" o microprocesadores con valores de frecuencia de reloj mínimos.
Bruselas estimó que estas especificaciones técnicas "pueden ser discriminatorias" y contrarias a la directiva europea de contratación pública, que indica que los poderes públicas solamente pueden establecer tantos detalles cuando sea el único modo para dar una indicación precisa del objeto deseado.
Sin embargo, la Comisión consideró que en el caso de las administraciones públicas españolas no se da este requisito, puesto que "los microprocesadores pueden describirse de manera exacta a inteligible" mediante referencias a su tipo y su rendimiento y sin tener que especificar la marca concreta.
Asimismo, estima que también es discriminatorio recurrir únicamente a los valores de frecuencia de reloj mínimos en relación con otras marcas de microprocesadores que tienen que agregarles el IPC (instrucciones por ciclo).
España tiene dos meses para responder a las demandas de información que hace la Comisión en su carta de emplazamiento si quiere evitar que Bruselas pase a la segunda fase del procedimiento de infracción, un dictamen motivado, el paso previo para el tercer y último estado, la denuncia ante el TUE.
La Comisión recordó, además, que con la decisión de hoy España se une al grupo de Estados miembros que han sido previamente expedientados por este mismo asunto y entre los que se encuentran Francia, Alemania, Finlandia, Italia, Países Bajos y Suecia.
