ESTRASBURGO (FRANCIA), 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Eurocámara aprobó hoy una resolución en la que reclama que se retiren las ayudas comunitarias a las empresas que deslocalicen sus actividades dentro o fuera de la Unión Europea en un plazo de siete años a partir de la fecha de la concesión de los fondos, tal y como ha propuesto la Comisión, y que además no puedan recibir más subvenciones en el futuro.
Los eurodiputados exigen que la UE no preste apoyo financiero a las prácticas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de la cohesión económica, social y territorial, y del pleno empleo, y subrayan que las deslocalizaciones injustificadas pueden provocar la supresión de numerosos puestos de trabajo.
Para las empresas que hayan recibido ayudas y hayan deslocalizado dentro de la UE, el Parlamento reclama que "no puedan obtener ayudas públicas para su nuevo lugar de actividades y que también queden excluidas de los fondos estructurales o las ayudas estatales durante un periodo de siete años".
Asimismo, la resolución pide al Ejecutivo comunitario que sancione con mayor severidad a las empresas que habiendo disfrutado de una ayuda pública deslocalicen sus actividades y las trasladen al exterior de la UE.
Los diputados solicitan a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan una lista de empresas beneficiarias de ayudas públicas nacionales que cambien de lugar de emplazamiento, y que se les obligue a devolver las subvenciones.
El Parlamento subraya la gravedad que entraña el fenómeno de la deslocalización de empresas, y pide al Observatorio de Dublín una misión de estudio, evaluación y seguimiento del fenómeno. A la Comisión le reclama un código de conducta europeo para evitar que se trasfieran empresas a otra región o país de la UE con el único objetivo de obtener una ayuda europea.
Por otro lado, los eurodiputados solicitan que se permita usar los fondos europeos para la formación profesional y reconversión de los trabajadores de aquellas regiones afectadas por las deslocalizaciones, y apoyan la propuesta del Ejecutivo comunitario de crear un Fondo de Ajuste para la Globalización.
