Economía/Empresas.- La IATA da una bienvenida "prudente" a la inclusión de la aviación civil en el comercio de emisiones

Actualizado: martes, 26 diciembre 2006 15:46


GINEBRA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) dio una bienvenida "prudente" a la propuesta de la Comisión Europea de incluir a la aviación civil en el sistema comunitario de comercio de emisiones de CO2 para que este sector contribuya también a la lucha contra el cambio climático, presentada la semana pasada.

Se fijará un tope de permisos de contaminación a las aerolíneas basado en el promedio de emisiones entre 2004 y 2006, y las que lo superen tendrán que comprar derechos suplementarios en el mercado. Esta iniciativa podría encarecer el precio de los billetes de ida y vuelta hasta 40 euros, según el estudio de impacto realizado por Bruselas.

El director general de la IATA, Giovanni Bisignani, mostró su apoyo al comercio de emisiones como un paquete de medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono y consideró que el sector puede jugar un importante papel con la inversión en tecnología y en infraestructuras más eficientes. "Pero se tiene que llevar a cabo por el camino correcto", puntualizó.

En primer lugar, señaló que Europa podrá reducir las emisiones de CO2 en un 12% con la puesta en marcha del Cielo Único Europeo y, en segundo lugar, señaló que la Comisión deberá seguir las guías que creará la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO). "Debemos tener una aproximación global para un problema global", indicó.

"La aviación está trabajando duro para reducir las emisiones. El año pasado, acortamos 300 rutas ahorrando seis millones de toneladas de CO2. En los dos últimos años, mejoramos la eficiencia en un 5%", subrayó Bisignani.

Las emisiones del sector de la aviación representan el 3% del total y el 12% de las que produce el sector del transporte. No obstante, aumentan de forma mucho más rápida que las de otros sectores. Las emisiones de la UE debidas a los vuelos internacionales subieron un 73% entre 1993 y 2003 y, según las proyecciones, este incremento llegará al 150% en 2012 si no se toma ninguna medida, y anulará un cuarto de la reducción del 8% a la que la UE se ha comprometido en el protocolo de Kioto.

La nueva normativa se aplicará a todos los vuelos que aterricen o despeguen en aeropuertos de la UE, ya sean de compañías aéreas europeas o extranjeras, para evitar discriminación. No obstante, el Ejecutivo comunitario ha fijado dos plazos diferentes tras las quejas presentadas por Estados Unidos y otros países, de manera que los vuelos intracomunitarios entrarán en el comercio de emisiones a partir de 2011 y los internacionales fuera de la UE un año más tarde, en 2012.

Con esta propuesta, la Comisión espera que en 2020 las emisiones de CO2 de los aviones se reduzcan en 183 millones de toneladas, lo que significa una disminución del 46% respecto a una situación en la que no se introdujera ningún cambio. Esta cifra equivale, por ejemplo, al doble de las emisiones anuales de Austria de todas las fuentes. Algunas de las reducciones las harán las aerolíneas modernizando su flota y otras se lograrán comprando permisos en el mercado.

De acuerdo con el estudio de impacto realizado por el Ejecutivo comunitario, si las aerolíneas repercuten plenamente los costes de su inclusión en el comercio de emisiones de la UE en el precio de los billetes, un vuelo de ida y vuelta dentro de la UE podría aumentar entre 1,8 y 9 euros. La subida de precio será mucho mayor en los vuelos internacionales, y un viaje a Nueva York podría encarecerse hasta 40 euros. Bruselas espera que de este modo la demanda de vuelos se reduzca entre un 0,1 y un 2,1%.

Para las compañías que superen su límite de emisiones y no compren permisos adicionales en el mercado está previsto un sistema de multas de hasta 100 euros por cada tonelada de CO2 que no esté cubierta. Como sanción máxima, el Estado miembro responsable podría incluso suspender su autorización para operar.

La propuesta de directiva comenzará a negociarse ahora en el Consejo y en el Parlamento Europeo y el Ejecutivo comunitario espera que se adopte de manera definitiva en un plazo máximo de dos años.