Pimec carga contra la Ley de Unidad de Mercado por favorecer a los grandes distribuidores

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec Comerç, Alejandro Goñi, ha cargado este miércoles contra la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado --pendiente de su tramitación en el Senado-- al considerar que favorece a los grandes distribuidores frente al pequeño comercio.

En declaraciones a Europa Press durante un seminario sobre la ley en Barcelona, ha afirmado que la norma está impulsada por los grandes distribuidores para lograr la cuota de mercado que no tienen: "Lo que quiere el grande es eliminarnos. Nosotros molestamos. Hay un pastel y quieren todo el trozo".

Advierte de que esta ley supondrá "todas las cosas negativas" para el pequeño comercio catalán, como la libre implantación de grandes superficies y las libertades horarias que en Madrid ya suponen una pérdida de empleos y de ventas, avisa.

"Lo que no se puede hacer nunca es pasar a un modelo que estamos viendo que es totalmente negativo" y alejado del equilibrio entre pequeños comercios y grandes superficies que se ha logrado en Catalunya, ha subrayado Goñi.

También ha señalado que los agentes sociales sólo pueden ahora alertar y concienciar a la población sobre el impacto de la ley, con un contenido económico promovido, según él, por las grandes empresas de la CEOE y "un concepto ideológico aportado por la Faes, la gran fábrica de ideas del PP".

MERCADO INTERIOR EUROPEO

En declaraciones a los medios durante el seminario, el economista Germà Bel ha tildado la norma de "hipócrita y recentralizadora", y ha recordado que el mercado interior español dejó de existir en 1986 con la firma del Tratado de la CE.

Por eso, la ley debería admitir cualquier licencia de la UE si quiere ser "honestamente liberalizadora", en vez de crear una licencia única de eficacia estatal, por la que una autorización de una autonomía servirá en el resto de comunidades sin necesidad de nuevos permisos.

Cree que, si no se hace así, se deben establecer responsabilidades civiles subsidiarias para las administraciones que tengan negligencias en la supervisión de actividades reguladas, porque las autonomías tendrán normas de aplicación en otras comunidades "por mínimos" --ha puesto como ejemplo el papel de la Generalitat Valenciana en el caso del almacén de gas Castor--.

Bel opina que la ley no ataca la hiperregulación --que deben solventar las autonomías--, sino que responde al interés de grandes grupos españoles --como los dedicados a obra pública-- de tener más peso en ámbitos de la economía para poder "subcontratar a empresas regionales en condiciones muy estresadas".