MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) llevará a Kio (Grupo Torras) a los tribunales si en el plazo de una semana no paga 55 millones de euros por la participación del 1,57% que el grupo kuwaití mantiene en Ebro Puleva, confirmaron hoy a Europa Press fuentes del holding público.
El requerimiento planteado a Kio por la SEPI vence a finales de la semana que viene, y si expirado este plazo no se ha efectuado el pago, "se reclamaría este importe por la vía judicial que proceda", indicaron las fuentes.
La SEPI reclama este importe a Kio en concepto de acciones, dividendos e intereses derivados de ese porcentaje, que no estaba incluido en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que en junio de 2005 obligó a Alycesa (perteneciente al holding) a formalizar la opción de compra del 6,2572% del capital que el grupo Torras tenía en la alimentaria.
Este 1,57% de la empresa agroalimentaria que aún controla Kio deriva de la entrega de un total de 2,4 millones de acciones liberadas a Grupo Torras realizada por Ebro Puleva en enero de 2003, con posterioridad al inicio del contencioso que enfrenta a las dos partes.
SEPI acató la sentencia del pasado mes de junio de la Audiencia Provincial de Madrid que condenaba a la empresa pública Alycesa a pagar un total de 260 millones al grupo Torras por las 9,62 millones de acciones de Ebro Puleva por el incumplimiento de un contrato en 1997.
CONTENCIOSO QUE ARRANCÓ CON LOYOLA.
Este contencioso arranca de un pacto impulsado en 1997 por la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, para garantizar 'la españolidad' de Ebro, en vísperas de su fusión con Azucarera y ante la amenaza de que la francesa Saint-Louis se hiciera con la empresa.
Concretamente, Alycesa suscribió una opción de compra con Kio, que controlaba el 35% del capital, que debía ejercitarse en tres años, pero la Dirección General de Patrimonio dejó agotar el plazo y se negó a pagar por el paquete accionarial de Kio el precio pactado, por considerarlo excesivo, al triplicar el valor que entonces tenía Ebro en bolsa.
Tras dar un ultimátum al Estado, Kio acudió a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, mientras que SEPI sostenía que dicho contrato no era "nada habitual y financieramente desequilibrado" en beneficio del grupo kuwaití.
El holding alega que dicho contrato vinculaba el precio del ejercicio de la opción de venta al mayor de dos precios (uno ligado al mercado y otro fijo, de 18 euros más un 10% anual), por lo que el grupo Torras "podía aprovechar la buena evolución del mercado si así se produjera, y obtener una gran rentabilidad con un menor precio de la acción, gracias al precio mínimo garantizado".
Aunque la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la demanda de compraventa solicitada por Grupo Torras sobre su participación en Ebro Puleva, durante el proceso se amplió el capital social de la alimentaria y se generaron beneficios económicos, que ahora la SEPI reclama al grupo kuwaití.