MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los contratos bilaterales serán la clave que permitirá al Gobierno ajustar las tarifas eléctricas al precio real de la energía, ya que reducirán peso del mercado mayorista de electricidad ('pool') y limitarán el margen de maniobra de las eléctricas, según fuentes del sector consultadas por Europa Press.
La contratación por las empresas distribuidoras de la energía necesaria para el suministro a tarifa en el territorio peninsular será supervisada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que elaborará un informe relativo a cada subasta, lo que servirá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para fijar el precio del recibo de la luz.
Previsiblemente, estos contratos podrían tener en principio una duración de tres meses, de forma que las distribuidoras comprarán la energía que necesiten para ese periodo a un precio que se fijará a través de un mecanismo de subasta previo a la firma contractual, tal y como anunció el Ministerio de Industria el pasado miércoles.
En caso de que haya una gran fluctuación de las condiciones y precio de los contratos de un trimestre a otro, el Gobierno podría proceder a una revisión de la tarifa cada tres meses y no anual sucede con la legislación actual y exceptuando el año 2006, en el que se revisaron las tarifas en julio.
Este mecanismo de subastas está recogido en un borrador de la orden ministerial que regulará el nuevo sistema y que ya ha sido remitido a la CNE para su evaluación. Una vez que, en su caso, entre en vigor esta normativa se dará fin al precio provisional de 42,35 euros por megavatio/hora (MWh) para la compra-venta de energía entre distribuidores y generadores de un mismo grupo empresarial.
En concreto, este precio arrojó un impacto negativo global de 651 millones de euros en los nueve primeros meses para las cuatro primeras eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico).
Con el fin de presionar al Gobierno para modificar este precio regulado, Iberdrola inició un batalla personal desde el pasado 9 de junio al limitar las compras de su distribuidora a 33 euros por MWh, lo que tuvo un impacto negativo de 167 millones de euros en sus cuentas del tercer trimestre.
El objetivo de estos contratos será introducir competitividad y transparencia, ya que el precio será fijado con tres meses de antelación. Con este dato el Gobierno decidirá la tarifa y la ajustará al precio real del mercado.
Además, de esta manera se reducirá el llamada déficit tarifario-diferencia entre los costes y los ingresos de la energía- que el pasado año alcanzó los 3.810 millones de euros y este año ascienda ya a 2.559,6 millones, ya que se reconocerá el precio que figure en los contratos, aunque si se producen subidas excesivas se diluirá una parte para revisiones futuras, donde el precio de los contratos haya experimentado menores aumentos de precios e incluso reducciones.
