MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo (GLP) ha decidido "esperar" los resultados de los diversos frentes abiertos en su reivindicación y, si tras la evaluación prevista para finales de octubre no hay resultados, augura un "otoño caliente" de movilizaciones, indicó la presidenta de esta asociación, Concepción Calzada, en declaraciones a Europa Press.
GLP sigue pidiendo al Ministerio de Industria una mesa sectorial y sigue "sin tener respuesta", indicó Calzada, quien lamentó la "falta de voluntad política" del Gobierno en este asunto. Según dijo, el departamento dirigido por Joan Clos tiene dos opciones: o "regula y responde" a los problemas, o "liberaliza absolutamente el sector".
"Nosotros estamos abiertos a todo tipo de soluciones, pero el problema no se resuelve metiendo la cabeza debajo del ala", aseguró la presidenta de GLP, quien recordó que la "crisis" del sector del gas licuado afecta a 10 millones de usuarios, a 820 empresas y a 5.000 trabajadores, y ya genera en algunas zonas de España problemas de abastecimiento.
Además de la mesa sectorial solicitada al Ministerio, la asociación espera que el Parlamento trate por iniciativa del Grupo Mixto una proposición no de ley que dé una respuesta al problema, y que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) elabore un estudio acerca de los costes reales del sector.
GLP tiene previsto contactar con los presidentes de las comunidades autónomas y sus consejeros de Industria para trasladarles sus inquietudes. Calzada explicó además que su asociación ha mantenido entrevistas con los grupos parlamentarios integrados en la comisión de Industria.
ESTUDIO DE LA CNE.
El estudio de costes de la CNE, que podría estar concluido en el cuarto trimestre del año, será a juicio de GLP una "herramienta" positiva elaborada por un organismo "independiente" para conocer el coste medio de la actividad de distribución de gas licuado.
Calzada mantuvo encuentros con la presidenta de la CNE, María Teresa Costa, y con representantes del Ministerio, quienes coincidieron en la conveniencia de solicitar al regulador energético un estudio económico.
Para la GLP, el trato de la CNE ha sido "excelente", puesto que el regulador ha mostrado una "absoluta seriedad" ante los problemas del sector. El informe será útil para "adoptar las decisiones oportunas", aunque Calzada advierte: "no podemos trabajar por debajo de los costes".
Antes del verano, cerca de un centenar de distribuidores de gas butano se manifestaron frente a la sede de Industria para denunciar la situación del sector. Los manifestantes, convocados por GLP, pidieron que el reparto de butano sea considerado un servicio público, puesto que ya existen alusiones de este tipo en la regulación y puesto que es necesario garantizar la supervivencia de la bombona.
GLP denuncia que el año pasado Industria prometió desarrollar un reglamento que aún no ha sido elaborado. Los repartidores de butano distribuyen combustible de marcas como Repsol, Cepsa o Galp.
Además, se queja de que en el sector el precio máximo de la bombona está regulado, así como las condiciones de almacenamiento, transporte y entrega domiciliaria, mientras que la retribución que perciben las empresas distribuidoras no lo está y depende del criterio de las grandes petroleras.
En una reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno reconoció los problemas por los que pasa este sector, y los achacó al descenso de la demanda de este combustible provocado por su reemplazo por otras fuentes de energía alternativas, como el gas natural o la electricidad.
