MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PP quiere que la Administración General del Estado lleve un control de la información que se proporciona a los consumidores sobre el origen de la energía que consumen, así como de los impactos ambientales de las fuentes de energía utilizada, en el marco del proyecto de Ley que modifica la Ley del sector eléctrico para adaptarla a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
Se trata de una enmienda adicional que los 'populares' solicitan añadir en la mencionada normativa, instando a la Administración Central a ser la encargada de corregir la información proporcionada a los usuarios sobre el origen de la energía que consumen, además de los impactos ambientales de las distintas fuentes de energía que se utilicen.
En este sentido, el principal partido de la oposición explica que es "necesario un control de la información aportada por la empresa al cliente, a fin de que ésta sea veraz, no engañosa o siquiera inteligible" e instan al Estado a comprobar que se hace correctamente.
En otra propuesta, el PP pide que se establezcan reglamentariamente "excepciones a la obligación de auditar las cuentas para las empresas de pequeño o mediano tamaño". Añade que para salvaguardar el principio de jerarquía normativa a la obligación de auditar las cuentas, "se debe proporcionar el rango de ley a las excepciones que se quieran introducir".
Los 'populares' pretenden agregar esta propuesta al artículo de la ley del sector energético que supone que las empresas proporcionen a la Administración la información que les sea requerida, en especial, la relacionada con sus estados financieros, que según el texto del Gobierno, deberá ser verificada mediante auditorías externas a la propia empresa.
CiU BUSCA "EVITAR DÉFICITS TARIFARIOS".
Por su parte, el grupo parlamentario de CiU ha propuesto sustituir todos los artículos de la ley por un único punto que incluya el mandato sobre las tarifas de último recurso, que a su juicio, además de no imposibilitar la competencia de los precios de mercado, se deben basar en dichos precios para evitar déficits tarifarios.
En concreto, los nacionalistas catalanes proponen que estas tarifas de último recurso supongan "los precios máximos que podrán cobrar los comercializadores que asuman las obligaciones de suministro a los consumidores". Según esta modificación, se fijarán dichas tarifas de forma que "respeten el principio de suficiencia de ingresos y no ocasionen distorsiones de la competencia en el mercado".
Otra enmienda que propone CiU contempla que los consumidores de energía eléctrica domésticos y las pequeñas y medianas empresas tengan derecho al suministro de energía eléctrica "a precios máximos que podrán ser fijados por el Gobierno y que tendrán la consideración de tarifas de último recurso".
Con esta propuesta, los nacionalistas buscan "clarificar y garantizar a los clientes domésticos y a las pequeñas empresas que empleen menos de 50 personas y cuyo volumen de negocio no exceda de 10 millones de euros, el acceso a la tarifa de último recurso".
ERC DA PRIORIDAD A FINES AMBIENTALES.
Del lado de ERC, se propone orientar en el marco de este proyecto de ley, la producción, el transporte y el consumo eléctrico "hacia los objetivos ambientales que se establezcan en la planificación a largo plazo".
ERC justifica esta enmienda parcial "haciendo constar que uno de los objetivos de esta regulación es el cumplimiento de unas orientaciones estratégicas". Según señala, "la liberalización y apertura del sector eléctrico no deben ir en detrimento de una posible regulación en virtud del interés general.
Los republicanos persiguen además la creación de una Mesa de Diálogo sobre el Futuro Energético en el plazo de tres meses a partir de la aprobación de la ley, que tenga como objetivo "unas conclusiones consensuadas sobre la situación energética mundial a medio y largo plazo" y que tome "decisiones de gran calado para reorientar la producción y el consumo energético peninsular hacia los escenarios más favorables en términos ambientales y sociales".
Para ello, los independentistas quieren que se estudie con detalle, durante el plazo de un año, el contexto internacional relacionado con los combustibles fósiles, como los estudios de disponibilidad de los recursos, las tendencias del mercado, la geopolítica, y los impactos sociales y ambientales, entre otros aspectos.
La Mesa que reclama ERC dependería del Ministerio de Medio Ambiente y estaría constituida por un representante de este Ministerio, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Asuntos Exteriores y por un representante de cada Comunidad Autónoma.
