La consejera de Hacienda aclara que la Junta no puede hacer nada si la Comisión Electoral no pide la suspensión del proceso
VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, calificó hoy de "deplorable" la 'compra' de votos en las elecciones al grupo de impositores de Caja España por parte de la lista encabezada por Pedro Conde, que ofreció cien euros por cada apoyo, aunque aseguró que esta circunstancia se produjo "fuera del recinto electoral" y garantizó la existencia de "suficientes garantías" en las mesas electorales para que el voto fuera "libre y secreto".
En este sentido, la consejera quiso dejar claro que a pesar de que algún compromisario haya sido objeto de una campaña electoral "más o menos agresiva" en la que se hayan ofrecido promesas o dádivas, "que no sabemos si se llevaron a efecto o no", aclaró, dentro del recinto electoral los votantes pudieron elegir la candidatura deseada.
No obstante y tras insistir en que la actuación de la candidatura de Pedro Conde ha sido "digna de toda reprobación por parte de la Consejería de Hacienda", Pilar del Olmo reconoció que este tipo de actitudes de ofrecer dinero o cualquier otro tipo de dádiva a cambio de un voto no convienen a los intereses de las cajas de ahorro de Castilla y León.
Dicho esto y tras reconocer que era "impensable" la posibilidad de compra de votos, la consejera explicó que la actual ley de las cajas de Castilla y León, que fue aprobada por asentimiento de todos los grupos en las Cortes, no prevé esta práctica "deleznable y reprobable", como no lo hace ninguna otra ley autonómica ni la propia Lorta, y anunció el inicio de contactos con los grupos parlamentarios para ver en qué medida se puede mejorar o perfeccionar la actual ley, "pero sin prisas" porque hay que esperar a que concluya el presente proceso.
Del mismo modo, la consejera de Hacienda recordó que los propios reglamentos de la entidad financiera podrían haber contemplado, como lo hacen los reglamentos de otras cajas de la región, la posibilidad de que 24 horas antes de las elecciones no exista campaña electoral. "No es cuestión en muchos casos de que la Ley deba prever todas las situaciones que se puedan producir sino que es una cuestión de candidatos, de personas, de actitudes...", aclaró.
POSIBLES CAUTELAS
Pilar del Olmo aprovechó la ocasión para recordar que la actual ley recoge una serie de cautelas y normas ante posibles anomalías que se podrían aplicar en este caso, si bien "la iniciativa no es de la Consejería de Hacienda", matizó. Así, se refirió al artículo 36 de la actual Ley de Cajas que reconoce la posibilidad de que los miembros de la Asamblea General sean separados de su cargo cuando incumplan los deberes o perjudiquen con su actuación pública o privada el buen nombre, el prestigio o la actividad de la caja. Según explicó Del Olmo, esta decisión se debería adoptar por mayoría absoluta de los miembros de la citada Asamblea.
Además, la consejera de Hacienda recordó que el artículo 40 de la Ley de Cajas contempla la posible suspensión y anulación del proceso electoral, una decisión que tiene que ser siempre a propuesta de la Comisión Electoral de la Caja y acordada por la Consejería de Hacienda. "En este caso deben existir irregularidades muy graves que afecten muy gravemente, entendiendo por ello las que puedan causar alteraciones efectivas en el resultado electoral", precisó Del Olmo, que, tras insistir en que se trata de una decisión de la Comisión Electoral --según la consejera se reunirá esta misma tarde--, reiteró la existencia de garantías para que el voto dentro del recinto fuera libre y secreto.
Pilar del Olmo reconoció que en estos momentos la Junta de Castilla y León no puede hacer nada respecto a la posible compra de votos en las elecciones por el grupo de impositores de Caja España, que es una entidad privada, ya que tiene que esperar a que haya un dictamen de la Comisión de Control, "que es la que vela por el proceso electoral y la que tiene las pruebas".
En el caso de que esta Comisión Electoral decidiese invalidar este proceso --tiene tres días como máximo--, la Consejería de Hacienda tendría que tomar entonces una determinación en el plazo de siete días tras estudiar unas pruebas "que son determinantes", explicó Del Olmo, que reconoció que dentro del recinto electoral será difícil demostrar que hubo una relación directa entre la dádiva ofrecida y el sentido de los votos, un hecho que a su juicio "es punible".
Por último, Pilar del Olmo aprovechó la ocasión para destacar y garantizar la "normalidad" con la que se está desarrollando el proceso electoral en las otras cinco cajas de ahorro de la comunidad autónoma, que en estas fechas también están renovando sus consejos.
"Han existido en todas las cajas suficientes garantías dentro de los recintos electorales para que el voto de los compromisarios fuera un voto libre y secreto, incluso en Caja España, en todo momento, a pesar de que hubiera fuera de los recintos algún tipo de promesas o dádivas a los compromisarios, el elector una vez dentro del recinto electoral ha podido votar a quien haya querido, en ese momento el voto era secreto y se disponía de todas las papeletas para que libremente hubiera elegido al candidato que hubiera estimado", concluyó.
