MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea en Luxemburgo celebrará el próximo día 15 el juicio de la organización agraria COAG contra las instituciones comunitarias por su mala gestión en la crisis de las 'vacas locas'.
Un total de 608 ganaderos liderados por COAG interpusieron en 2001 una demanda contra las instituciones comunitarias en la que reclamaban 19 millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados en el sector.
COAG, cuyo secretario general, Miguel López, estará presente en el juicio, encargó al bufete de abogados Roca Junyent un informe sobre las posibles vías de reclamación, en el que se puso de manifiesto que existía suficiente base jurídica para reclamar, porque, a su juicio, la Unión Europea no tomó las medidas necesarias para atajar la enfermedad, lo que supuso un elevado coste a los ganaderos.
Concretamente, según el despacho, la demanda de COAG está justificada por la existencia de un acto ilícito, al omitir acciones contra el mal de las 'vacas locas', daños reales y relación causa-efecto, ya que la omisión provocó las pérdidas.
En la demanda se subraya que las instituciones europeas no adoptaron todas las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad, hecho al que se suma que desde 1989 se conocía la existencia de la enfermedad y su peligrosidad.
Asimismo, la mala gestión de la crisis y la alarma generada entre los consumidores provocó, entre otros aspectos, una disminución del consumo de productos cárnicos, una reducción de los precios de la carne de vacuno, así como un aumento del precio del pienso, por la prohibición de las harinas de origen animal y el aumento del precio de la soja y otras proteaginosas y oleaginosas.
Todo ello supuso, según la demanda, que el sector alimentario haya sido objeto de una reestructuración derivada del cambio de decisiones de compra de los consumidores, ya que la carne de vacuno fue sustituida por otros productos como pollo, cerdo, conejo, caballo y pescado.
Por último, el bufete considera que las instituciones europeas no adoptaron todas las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad, siendo además la protección de la salud pública "un interés de suma importancia".
De los 608 ganaderos, la mayoría son catalanes y castellano-leoneses, concretamente 294 y 149, respectivamente. Además, la demanda ha sido respaldada por 70 ganaderos aragoneses, 28 castellano-manchegos, 14 andaluces, 14 navarros, 10 murcianos, 9 asturianos, 8 valencianos, 5 extremeños, 3 gallegos, 2 madrileños y 2 de Baleares.
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