MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Todos los grupos parlamentarios de la oposición han expresado este martes en el Pleno del Congreso su rechazo a la reforma energética del Gobierno, que califican de "recaudatoria" y creen que perjudicará a la competitividad económica, al incrementar la factura que pagarán los consumidores, tanto familiares como industriales.
Así lo han puesto de manifiesto durante el debate de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que han presentado PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y BNG, y que han respaldado también Amaiur y CC-NC. Sólo el PP y UPN han rechazado las enmiendas de devolución y han abogado por mejorar el texto en la tramitación parlamentaria.
El portavoz socialista de Energía, José Segura, ha lamentado que el Ejecutivo no haya atajado realmente la "difícil sostenibilidad financiera que amenaza el futuro del sector" energético, al no abordarse una reforma integral de todo el mercado para abordar los problemas más acuciantes.
Frente a eso, las medidas propuestas "elevarán los precios" que pagan los consumidores, perjudicarán "notablemente" el desarrollo de las renovables y no conseguirán acabar con el déficit de tarifa. "El Gobierno ha perdido una oportunidad para llevar a cabo una reforma en profundidad que necesita el sector", ha insistido.
Además, ha criticado el nuevo gravamen a la producción eléctrica, que se aplicará de forma indiscriminada a todas las empresas, lo que podría ser "inconstitucional", y ha asegurado que no contribuirá ni a minorar la dependencia exterior, ni a contener las emisiones ni a crear empleo de calidad.
PROPUESTA ALTERNATIVA
Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha defendido la enmienda de su grupo que, "más allá del proyecto de ley, va en contra de toda la política fiscal y energética" del Gobierno, y se acompaña de una propuesta alternativa que propone "una reforma fiscal verde en profundidad", con modificaciones en impuestos ya existentes y la creación de nuevos gravámenes.
Tras acusar al ministro José Manuel Soria de tener un "balance realmente negro" en estos meses de gestión "llenos de arbitrariedades, decisiones contra el sentido común y que muestran que el Gobierno está al servicio de unos intereses que no son los de los ciudadanos", la diputada ha reprochado que la presentación del proyecto estuviera "precedido de un auténtico circo" con las discrepancias públicas entre los titulares de Industria y de Hacienda.
Ortiz ha recriminado asimismo que sólo se hable de "sostenibilidad energética" en referencia al déficit tarifario y no a lo medioambiental o a la dependencia exterior, y ha rechazado que se culpe a las renovables "cuando el gran problema es la mala regulación y un mercado opaco y oligopolístico". "Esto es un mero maquillaje para no entrar en el fondo de la reforma energética. Es un proyecto de recaudación fiscal", ha zanjado.
REFORMA "IMPROVISADA"
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha acusado a Soria de "improvisar en materia energética" de forma continua y ha calificado de "básicamente recaudatorio" este proyecto de ley, que "invoca nobles conceptos como el de la sostenibilidad o el respeto medioambiental, usándolos como pretexto para adoptar medidas recaudatorias que repercutirán en los consumidores", perjudicando también la competitividad económica del país.
Respecto al déficit tarifario --que no se resolverá mediante un incremento tributario que conllevará menos recaudación--, Gorriarán ha recomendado revisar su verdadera causa: su "opacidad", una "mala regulación" del mercado y "rasgos oligopólicos" en su estructura de competencia.
PROYECTO "ANTI-INDUSTRIAL"
Josep Sánchez Llibre, de CiU, ha alertado de que la aprobación del texto sin cambios será "letal para la economía productiva, supondrá la expulsión de facto de una política industrial moderna e innovadora, y retroceso al siglo pasado". Además, ha avisado de que "los más perjudicados" serán las familias, pymes y autónomos, e industrias de cogeneración, que verán incrementadas sus facturas, respectivamente, en un 6%, 10% y 15%.
Por ello, ha instado a Soria a demostrar su "talante negociador" durante la tramitación parlamentaria de una ley que, de no cambiar, será la "más anti-industrial" de la Democracia. "Su objetivo fundamental es recaudar a costa del crecimiento, la confianza y la actividad económica", ha recriminado, acusando al ministro de legislar "a lo grande y sin reflexionar sobre el impacto" de sus normas, y de haber perdido una oportunidad para acometer una reforma necesaria.
Por el PNV, Pedro Azpiazu ha defendido su enmienda en que el sector afronta "muchos y muy importantes retos" como la dependencia, los precios, el cambio climático o el déficit tarifario. Todo ello hace "necesario propuestas que den seguridad a los consumidores y al sector en su totalidad", confiando cada vez más en las renovables e integrando el sistema en el ámbito europeo. "Hace falta que se defina un modelo claro para afrontar todos los retos en el medio y largo plazo", ha dicho.
Sin embargo, el Gobierno "se ha sacado de la manga una nueva batería de impuestos discriminatorios, sin justificación ambiental, que acabarán siendo pagados por los consumidores y por los generadores más eficientes, y no consensuada". Por eso, ha instado a reflexionar sobre el modelo deseable y qué costes se está dispuesto a asumir desde lo público, para garantizar sostenibilidad económica y medioambiental del sector y dé seguridad jurídica de futuro. "Es un error plantear una solución al déficit tarifario sin saber el modelo que queremos", ha zanjado.
NO SE CUMPLIRÁN LOS OBJETIVOS
La diputada del BNG Rosana Pérez Fernández ha justificado su rechazo al proyecto en que presenta "grandes contradicciones", ya que su título aboga por mejorar la sostenibilidad pese a que "su principal finalidad es recaudatoria", sin "reorientar el modelo productivo" ni "buscar una verdadera fiscal verde", y suponiendo sólo un nuevo coste para los consumidores.
A su juicio, "la normativa frena el desarrollo de las energías renovables, y no se cumple ninguno de los objetivos citados" de desincentivar la contaminación, internalizar costes o reducir el "enorme" déficit tarifario, al "obviar" su verdadera causa: un sistema de generación de precios "totalmente opaco e injusto".
Mikel Errekondo, de Amaiur, ha preguntado por el "verdadero modelo energético" del Gobierno, dado que "la parte expositiva argumenta contenidos" que todos pueden aceptar pero en el articulado se muestra el "verdadero rostro" del Ejecutivo, a quien ha pedido un "giro de 180 grados hacia la soberanía energética".
El diputado Pedro Quevedo, de CC-NC, ha lamentado que se haya perdido una oportunidad de regular mejor un sector "especialmente opaco" y muy complejo, y que se hayan planteado impuestos de forma "indiscriminada".
CONSEGUIR UN SISTEMA SOSTENIBLE
Por su parte, el portavoz de Energía del PP, Antonio Erías, ha avanzado el rechazo de su grupo a todas las enmiendas argumentando que la reforma busca un sistema sostenible en el largo plazo, que se garantizará con las medidas incluidas en el proyecto de ley.
Además, el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha avanzado que votará contra las enmiendas pese a que "la reforma no ha gustado a nadie, la propuesta es mejorable y queda pendiente una verdadera reforma de la energía". "Pero no hacer nada hoy no es una solución, aunque hay que aplicar la medicina exacta, y repartida proporcional y equitativamente, porque el puzzle energético es un tetris imposible de encajar sin dolor porque sobran piezas, y nadie está libre de culpa", ha añadido.
