MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La hostelería y la restauración, así como las empresas de transporte, quedarán fuera del ámbito de aplicación y de las obligaciones de la nueva Ley de Cadena Alimentaria, después de que la Ponencia en el Congreso haya aceptado este martes la treintena de enmiendas presentadas por el PP, que se ha comprometido a incluir otras once propuestas de la oposición cuando el texto se debata en la Comisión de Agricultura.
Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que los 'populares' han incluido en el proyecto únicamente las 30 enmiendas presentadas por su grupo, y que han rechazado las más de 200 del resto de formaciones políticas, salvo las once --dos de ERC, dos de CiU, cuatro de PSOE y dos de la Izquierda Plural-- que se incluirían en la Comisión pero que, realmente, constituyen únicamente cuatro cambios, ya que varias de las propuestas están ya recogidas en las enmiendas del PP o se repiten entre ellas.
En concreto, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y ERC reclaman que las organizaciones y asociaciones más representativas de la cadena alimentaria, desde el productor y hasta el consumidor final, estén presentes en el nuevo Observatorio de la Cadena Alimentaria, cosa que ya había previsto el PP en sus enmiendas; y tanto IU-ICV como ERC piden también que se fomente la participación de las asociaciones de consumidores en el fomento de la integración, precepto que también constaba entre las propuestas de los 'populares'.
ENMIENDAS DE POCO CALADO
Además, el resto de propuestas que podrían incorporarse al texto son de poco calado. Así, el PSOE pide "reconocer el papel que necesariamente ha de jugar la Entidad Nacional de Acreditación" en su relación con los laboratorios agroalimentarios del Ministerio, así como precisar en la exposición de motivos y en las previsiones del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria que las relaciones en el sector deben ser "leales" y la competencia, "efectiva".
Finalmente, tanto socialistas como nacionalistas catalanes han coincidido en su petición de que se garantice que contratos como, por ejemplo, los depósitos que se impone a los productores también se formalicen por escrito, con el objetivo de evitar los abusos que se podrían generar de no hacerlo así.
El resto de cambios con respecto al proyecto que aprobó el Consejo de Ministros --y que ya se han incorporado al texto-- se deriva de las enmiendas 'populares', entre las que destaca que quedan "excluidos del ámbito de aplicación de la ley las actividades del transporte, así como las relaciones comerciales con las empresas que operan en el canal de hostelería, tales como los puntos de venta o establecimientos minoristas como hoteles, restaurantes, bares y cafeterías".
Además, será obligatorio suscribir contratos alimentarios en las operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido, excepto en aquellos casos en los que se pueda estimar previamente que el total será en todo caso inferior a 2.500 euros.
En cualquier caso, todos los contratos deberán formalizarse "antes del inicio de las prestaciones" a las que hagan referencia, tal y como ha decidido precisar el PP en otra enmienda, argumentando que el objetivo es "dotar de un elemento de prueba que garantice la seguridad jurídica de los operadores, especialmente de la parte que ocupa la posición de debilidad en la transacción.
ANÁLISIS COMPARATIVOS
El PP también propone "extender los principios que rigen las actuaciones del control oficial" a otros estudios sobre productos alimenticios destinados a la venta a un consumidor final que se pretendan difundir públicamente, en los cuales se deberán "observar los principios de veracidad, rigor técnico y analítico y contradicción, y cumplir con todas las garantías contempladas en la normativa nacional o comunitaria en materia de análisis".
En materia de inspecciones y sanciones se reduce de diez a cinco días el tiempo que los funcionarios de la nueva Agencia de Información y Control Alimentarios pueden retener los documentos originales necesarios para hacer sus comprobaciones cuando tengan que sacarlos de la sede, siempre y cuando "no se pueda entregar copia autenticada de los mismos".
Además, se hace obligatorio que las organizaciones interprofesionales agroalimentarias incumplan su nueva obligación de remitir al Ministerio, antes del 30 de abril de cada año, la memoria anual de actividades, el estado de representatividad al cierre del ejercicio, las cuentas anuales, la liquidación del último ejercicio debidamente auditado, y el presupuesto anual de ingresos y gastos del ejercicio corriente.
Asimismo, se considerará falta muy grave la no remisión de las cuentas anuales y la liquidación cuando la organización haya "percibido aportaciones económicas obligatorias de todo el sector en virtud de una orden de extensión de norma aprobada por la autoridad competente", y también será falta muy grave denegar la adhesión como miembro a una organización interprofesional de aquellas organizaciones sectoriales que acrediten tener la representatividad mínima exigida en la Ley.
Por último, se precisa una función más para el nuevo Observatorio de la Cadena Alimentaria, que deberá "analizar y estudiar de forma continuada la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados así como de los factores causantes de su evaluación, en los productos de mayor importancia estratégica para el sector agroalimentario español", con el objetivo de conocer los costes básicos en la producción de alimentos y cómo impactan en el precio final.
Además, se incluirá explícitamente al sector lácteo entre los mercados de especial seguimiento por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios, y se prevé la posibilidad de que el Ministerio cree un sistema de información, seguimiento y análisis específico similar para otros productos que el Ministerio considere "especialmente sensibles y/o estratégicos" para el sector.
"EL PP IMPONE EL RODILLO"
Desde el PSOE, su portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, ha criticado que los 'populares' vuelven a "imponer el rodillo" de la mayoría absoluta al no aceptar cambios de fondo planteados por los grupos. En declaraciones a Europa Press, el diputado por Toledo ha calificado la reunión de Ponencia de "fiasco", acusando al PP de zanjar el debate de "la ley más importante de la legislatura" en este ámbito con apenas "un minuto" de debate.
"El PP quiere hacer ahora una tramitación exprés de la ley, y aparte de incluir sus enmiendas sólo ha se ha mostrado dispuesto a incluir diez de la oposición, ninguna sobre materias de fondo. El PP trata de sacar adelante la ley sólo con sus votos y sin negociación. Es bastante impresentable", ha añadido, indicando que lo más probable es que ya sólo haya un debate más, en Comisión dentro de un par de semanas, y que entonces la norma quede aprobada definitivamente en el Congreso.
Y eso a pesar de que la oposición pensaba que "la Ponencia era de constitución y para fijar un calendario de negociaciones". De hecho, el BNG retiró incluso su enmienda de totalidad a la norma ante el compromiso del grupo mayoritario de negociar cambios parciales, según ha recordado Alonso.
Pero ahora el PP "hace caso omiso" y se niega a debatir sobre los asuntos más controvertidos de la norma, sobre los que toda la oposición ha presentado propuestas recogiendo las inquietudes de los diferentes sectores, que durante las pasadas semanas comparecieron en sede parlamentaria para exponer su punto de vista sobre temas como el régimen sancionador, la contratación en grandes empresas o la prohibición de las ventas a pérdidas.
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