Economía/Izar.- Martínez Robles adelanta que la privatización de los astilleros civiles se iniciará en abril

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, adelantó hoy que el proceso de venta de los astilleros civiles de Izar se iniciará a principios del próximo mes de abril, una vez que la compañía entre en disolución.

Martínez Robles, que compareció en la comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, explicó que la venta de las factorías de Sevilla, Gijón, Sestao y Manises se llevará a cabo respetando los principios de "transparencia y concurrencia", de forma pública y en condiciones de mercado, en línea con las indicaciones de la Comisión Europea, que controlará el proceso.

En este sentido, apuntó tras su comparecencia que todavía "es pronto" para hablar de ofertas concretas por estos centros, toda vez que todavía no se ha liquidado Izar. No obstante, reconoció que ya existen algunos industriales interesados en el proceso, que se han puesto en contacto con la SEPI. "Hay algunas ofertas sin concretar y sin madurar, y todavía es prematuro para comentarlo", precisó.

En cuanto a un posible interés de las cajas de ahorros, recordó que el Gobierno no puede predeterminar a quién se van a vender los astilleros civiles, y que tampoco puede obligar, "de una u otra manera", a las cajas a intervenir en la privatización.

"Al margen de esta cuestión cada una de las cajas de ahorro, en función de sus propias consideraciones y de las consideraciones sobre sus planes empresariales, decidirá si puede o no, o si está en condiciones de acceder a la venta de estos astilleros", manifestó.

Martínez Robles aclaró que la liquidación de Izar se acometerá en la junta general de la empresa que se celebrará a "finales de marzo". Según dijo, el primer paso de este proceso ya tuvo lugar el pasado 3 de febrero, cuando el consejo de administración de Izar "tomó conocimiento de su situación patrimonial".

La empresa pública acumula unas pérdidas de 800 millones de euros, desde su creación en el año 2000 y hasta el 31 de marzo de 2004. A ello tiene que añadir la provisión de fondos realizada para poder devolver las ayudas consideradas 'ilegales' por Bruselas, que ascienden a 1.250 millones de euros, incluidos los intereses de demora.

ERE: EL ESTADO PAGARA 459 MILLONES.

Asimismo, el presidente de SEPI avanzó que el expediente de regulación de empleo (ERE) puesto en marcha para instrumentar la prejubilación de 4.028 trabajadores de Izar, equivalente al 38% de la plantilla actual de los astilleros, estará cerrado "en una semana o 10 días", con lo que ya podrá ser presentado a la Dirección general de Trabajo.

En este punto, confirmó que no se externalizarán los fondos de las prejubilaciones, algo que no es obligatorio y dado que la no externalización es "mucho más beneficiosa" para los trabajadores desde el punto de vista fiscal.

Según dijo, el coste total estimado para la Administración del Estado de las medidas incluidas en el ERE (al margen de lo que corresponde a Izar) asciende a 459 millones de euros, de los que 193 millones corren a cargo del servicio de empleo estatal y los restantes 266 millones, del Ministerio de Trabajo.

RENTABILIDAD DE NEW IZAR.

En cuanto a New Izar, la nueva empresa que desarrollará la actividad de construcción militar y que concentra los astilleros de Ferrol, Fene, Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Cartagena, Martínez Robles se mostró convencido de que será posible que alcance la rentabilidad "en dos o tres años", abandonando las pérdidas de 300 millones de euros con que cerró 2004, gracias al plan industrial diseñado.

En todo caso, advirtió de que esta evolución llevará su tiempo y que los beneficios no se pueden lograr "de la noche a la mañana", aunque insistió en que, tras el plan de viabilidad acordado con los sindicatos, la situación para los astilleros es "mucho mejor" que la existente en los últimos años para encarar el futuro.

Agregó que una de las posibilidades que se está estudiando es la posible integración de España en un futuro consorcio naval europeo. Aclaró que este consorcio todavía no existe y que sólo hay contactos previos entre astilleros de distintos países en los que está participando España. "En todos los astilleros se está abriendo una reflexión en base a la posibilidad de avanzar en estas condiciones", indicó.

También explicó que, en estos momentos, el Gobierno español está preparando, "en estrecha colaboración" con la Comisión Europea, el escrito en el que se describen el conjunto de operaciones que afectan a la nueva empresa militar.

Asimismo, se refirió a la limitación de 20% impuesta por Bruselas a la producción de New Izar en actividad civil. Así, precisó que este tope hay que entenderlo como una medida positiva "excepcional" que ha autorizado la Comisión Europea para compensar los altibajos de la producción militar.

Añadió que las autoridades comunitarias controlarán este límite durante 20 años, verificando la producción civil de la empresa con la media del último trienio móvil.

En general, Martínez Robles insistió en que Izar estaba abocada a la desaparición, tanto en su vertiente militar como civil, y que, gracias al acuerdo suscrito con los sindicatos, se ha conseguido mantener la actividad militar pública y que todos los centros civiles sigan abiertos y sin abandonar a ningún trabajador a su suerte.

LAS DUDAS DE LA OPOSICION.

Desde la oposición, el portavoz del PP, Arsenio Fernández de Mesa, puso en duda las posibilidades reales de la nueva empresa militar de alcanzar la rentabilidad. "¿Puede llegar a ser rentable New Izar con la única producción militar, nacional o extranjera?", preguntó. A su juicio, los encargos del Ministerio de Defensa no serán suficientes.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu lamentó la falta de diálogo por parte de la Administración central y el hecho de que, finalmente, el astillero de Sestao se vea abocado a la privatización.

Asimismo, Francisco Rodríguez (BNG) aseguró que, desde julio, el Gobierno ha llevado a cabo "una representación teatral" en el tema de los astilleros, que contó con la connivencia mayoritaria de las organizaciones sindicales y que ha culminado con la posición final de las autoridades de Competencia de la UE.

A su juicio, el resultado final es el que se buscaba desde un principio: reducir la capacidad productiva de los astilleros españoles y centrarse en un modelo exclusivamente militar.