BRUSELAS, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
DaimlerChrysler, Toyota, Fiat y General Motors se han comprometido a transferir toda clase de informaciones sobre los coches que fabrican a los talleres independientes, de manera que éstos estén en las mismas condiciones de repararlos que sus concesionarios, informó hoy la Comisión Europea que ahora consulta la opinión del sector.
Bruselas informó en un comunicado de que los cuatro fabricantes presentaron este compromiso con el objetivo de que la Comisión clausure la investigación en profundidad que sigue contra cada uno de ellos por limitar la competencia de los talleres independientes frente a sus servicios de reparación que disponen de toda la información necesaria.
En concreto, la Comisión observa que "la posición en el mercado de los talleres independientes en la UE está siendo erosionada" y que por eso son "menos capaces de ejercer una presión competitiva sobre las redes de reparación de los propios fabricantes de coches".
Afirma que una de las "razones" de esta situación es que los talleres independientes "siguen sin tener toda la información técnica que necesitan para llevar a cabo las reparaciones y el mantenimiento de coches cada vez más complejos".
En concreto, los cuatro se comprometieron a "garantizar todas las informaciones técnicas, instrumentos, equipamiento, software y formación requeridas para la reparación y mantenimiento de sus productos por parte de los talleres autorizados". También transferirán estas informaciones a sus "importadores independientes" en cualquier Estado miembro de la UE.
Estas condiciones, en principio, se harían extensivas a coches de las marcas Mercedes-Benz y Smart comercializados por DaimlerChrysler; a los Fiat, Alfa Romeo y Lancia del fabricante italiano, a Opel y Vauxhall de General Motors, y a los coches Toyota.
Sin embargo, la obligación de suministrar este tipo de informaciones a los talleres e importadores independientes podría hacerse extensiva a todos los fabricantes de coches si de la consulta que inició hoy la Comisión, y que se clausurará el 22 de abril, se concluye que todas las partes afectadas están de acuerdo.
En este caso, Bruselas aplicaría un reglamento comunitario que, aunque no dota al Ejecutivo comunitario de poderes para obligar a tal cosa, sí le capacita en virtud de las reglas anti-trust de la UE para imponer multas del 10% de la cifra de negocios total de una empresa que rompa tales compromisos.
