ESTRASBURGO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El comisario de Mercado Interior, Chalie McCreevy, confirmó hoy que abrirá a finales de mes o principios de mayo el proceso de infracción contra España por el decreto que amplía las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que este organismo analice la OPA de E.ON sobre Endesa. "En el caso de Endesa, se estudiará este mes o a principios del siguiente iniciar el proceso de infracción, para que el colegio de comisarios adopte una decisión", dijo McCreevy a la prensa en Estrasburgo.
El responsable de Mercado Interior ya había anunciado la pasada semana que lanzaría a mediados de abril un expediente contra España por las trabas a la OPA alemana sobre la eléctrica española, al juzgar insatisfactorios los argumentos esgrimidos por el Gobierno, en su carta del pasado 24 de marzo, para justificar el decreto que faculta a la CNE para examinar la operación.
Sin embargo, hoy la Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la conocida como ley 'anti-EdF' de 1999, según la cual cualquier empresa extranjera con capital público que quiera comprar más del 3% de una eléctrica española tiene que pedir autorización al Gobierno. El Ejecutivo comunitario considera que esta norma impone restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales que vulneran el Tratado.
Al ser preguntado McCreevy por qué actuó la Comisión en este caso antes que en el de Endesa, pese a considerarse éste último un asunto urgente, respondió que este procedimiento está abierto desde hace años y, por tanto, no tiene nada que ver con el 'caso Endesa'. "Quiero ser particularmente cuidadoso, legalmente hablando. Los dos procesos están completamente separados", argumentó el comisario.
España modificó esta ley por la que hoy ha sido llevada ante la justicia europea el 30 de diciembre de 2003, tras la apertura de un primer procedimiento de infracción en 2001. Sin embargo, la Comisión consideró que los cambios realizados no eran suficientes, puesto que daban a las autoridades amplios poderes discrecionales para decidir autorizar o no el ejercicio de los derechos de voto en empresas energéticas españolas por parte de entidades públicas.
