BRUSELAS, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea indicó hoy que si finalmente declara ilegales las medidas que adoptó la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en relación a la OPA de E.ON sobre Endesa, ésta será una decisión "jurídicamente vinculante" que el Gobierno español estará obligado a cumplir, aunque apuntó que Madrid tiene aún una posibilidad de dar su punto de vista, como muy tarde hasta el 4 de septiembre.
El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, precisó hoy que "se ha concluido provisionalmente que la mayoría de las condiciones impuestas por el regulador de energía en España son ilegales" y señaló que, en el caso de "una decisión eventual" reafirmando esta idea, "sería una decisión jurídicamente vinculante" y recordó la obligación de todos los países de la UE de cumplir la legislación comunitaria.
Todd no pudo precisar de momento el tiempo en que la Comisión tardará en tomar la decisión definitiva, aunque dijo que se espera que sea "lo más rápido posible", en un trámite que es "más de semanas que de meses".
La Comisión Europea informó hoy del resultado "preliminar" del análisis que ha hecho en el último mes de las 19 condiciones de que impuso la CNE a la OPA, en el que se indica que "viola" la legislación comunitaria.
En concreto, cita el artículo 21 del reglamento de fusiones, en virtud del cual "los Estados miembros se abstendrán de aplicar su normativa nacional en materia de competencia a las concentraciones de dimensión comunitaria", como es el caso.
Asimismo, recuerda que la operación entre las eléctricas alemana y española está sometida actualmente a un procedimiento de infracción, debido a que podría ser contraria a dos artículos de mercado interior: sobre libre movimiento de capital (artículo 56) y la libertad de establecimiento (articulo 43) debido a que no están justificadas en base a seguridad pública y que en ningún caso son ni necesarias no proporcionadas para la protección de la seguridad pública.
ÚLTIMA OPORTUNIDAD.
Bruselas informó al Gobierno de que, de manera preliminar, ha hallado incompatibilidad con las leyes europeas y le dio un plazo hasta el 4 de septiembre para que "dé sus puntos de vista" sobre esta constatación.
Aunque fuentes comunitarias no quisieron acertar que ésta sea la única oportunidad que tiene España para tratar de convencer a la Comisión de la legalidad de las condiciones de la CNE, señalaron que "cualquier respuesta que se reciba después de la medianoche del 4 de septiembre no será tomada en cuenta".
Más allá de esta fecha, si el Gobierno no ha revertido la conclusión preliminar que se dio a conocer hoy, la Comisión declarará ilegales las medidas, tanto si Madrid ha respondido como si no. "Si no responden, tomaremos la decisión de todas formas", aseguraron.
El efecto de las mismas, indicaron las fuentes, es que "terceras partes", incluida E.ON, podrían invocar esta ilegalidad antes los tribunales españoles, que según destacaron las fuentes, "han demostrado mucha valentía aplicando el derecho de la UE".
Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la UE intervendría como último paso de un procedimiento de infracción por las presuntas violaciones de normas de mercado interior que ya está en curso y que hoy recordó la Comisión.
Fuentes comunitarias insistieron sobre la obligación que tienen los Estados miembros de cumplir las decisiones jurídicamente vinculantes que toma la Comisión en base a la legislación comunitaria y añadieron, además, que es necesario que lo hagan puesto que, de lo contrario, que un socio comunitario se niegue a acatar estas decisiones incrementa las posibilidades de que otro también decida hacerlo.
