MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, se mostró hoy contrario a "negociar" con los grupos catalanes la metodología a seguir para calcular el gasto de inversión en infraestructuras destinadas a Cataluña, que alcanzaría el 18,8% de la partida total, en virtud de los dispuesto en el Estatut, ya que "no se puede inventar la interpretación de la ley orgánica".
Durante el desarrollo de la Comisión de Presupuestos, Ocaña insistió en que el concepto de inversiones en infraestructuras recogido en los presupuestos "está claro desde hace años", por lo que el cálculo del Gobierno, que alcanzaría una inversión de 3.195 millones de euros en 2007 a partir de un presupuesto total cercano a los 17 millones de euros, no supone un ejercicio de "ingeniería financiera", como apuntó el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre.
Más aún, Ocaña aclaró que en el cálculo de las inversiones en infraestructuras se han tenido en cuenta inversiones directas del Estado, inversiones a través de convenios y del sector público empresarial, así como la partida de inversiones del plan especial de carreteras de 2005.
En este sentido, Ocaña aseguró que el Ejecutivo se ha limitado a realizar una "aplicación mecánica" del Estatut, del que recalcó su carácter "transitorio", y además defendió que pese al cumplimiento de este compromiso, que responde a un reequilibrio de déficit de inversiones que arrastraba Cataluña desde ejercicios anteriores, los PGE tienen una carácter "neutral".
Pese a todo, el portavoz de CiU aseguró que existen "diferencias abismales" entre los conceptos considerados por el Gobierno y su grupo, y señaló que estas inversiones en infraestructuras deberían recoger, no sólo las correspondientes a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, sino también las derivadas de otros gabinetes como el de Cultura, en forma de bibliotecas o teatros, o el de Industria, mediante una mayor inversión en I+D+i.
En respuesta también al portavoz de CiU, Ocaña confirmó que el Gobierno está planteando actualmente establecer un consorcio entre la Agencia Tributaria y la Administración Catalana. En este apartado, matizó que este trámite requiere una primera etapa, de unos seis meses, en la que Cataluña ha de crear sus propias instancias tributarias para dar paso, después, al establecimiento del consorcio.
