SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla), que aglutina a fabricantes de productos fitosanitarios, pidió a las administraciones públicas, especialmente al Gobierno central y a las comunidades autónomas, que haya "tolerancia cero" y persigan y "castiguen duramente" a aquellas empresas que incumplen la Ley vendiendo sustancias no autorizadas e ilegales, como el plaguicida detectado en partidas de pimientos procedentes de Almería.
Fuentes de Aepla indicaron a Europa Press que este tipo de problemas "es intolerable y existen en toda Europa" y aseguraron que "lo llevamos sufriendo como sector industrial muchos años y denunciando ante las administraciones públicas y ante todos los implicados que tienen algo que ver con el control del mercado --organizaciones agrarias, cooperativas y exportadores--, por lo que no se puede admitir ni un caso más".
Apuntaron que el tráfico ilegal de productos fitosanitarios "va mucho más allá de la competencia desleal o de otro tipo de piratería, pues se juega con la imagen de nuestra agricultura en países como Alemania, de la que podemos tardar en recuperarnos, y, más aún, se juega con la salud pública".
Por ello, tras destacar la eficaz colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, insistieron en que "se debe hacer cumplir la Ley" y pidió que la Administración competente "haga cumplir la Ley y actúe con dureza contra los infractores, algo que tendrían que hacerlo siempre pero ahora es más importante que nunca sentar las bases y dar un ejemplo, pues puede causar un gran daño a la agricultura española".
Ademas pidió a los agricultores que "sean responsables y que no infravaloren la importancia de utilizar un producto legal", demandó "seriedad" a los vendedores de fitosanitarios y a los técnicos asesores de los productores que "sean responsables y no asesore mal a los agricultores".
Fuentes de Aepla indicó que se calcula que, del total de la industria fitosanitaria en Europa, entre un cinco y un ocho por ciento proceden del tráfico ilegal de sustancias, un porcentaje que en España aumenta algo más, aunque depende de la zona y del tipo de producto.
Aepla reconoció que sí ha podido aumentar el tráfico ilegal de productos fitosanitarios "porque nuestra sociedad europea es tan excesivamente cuidadosa que al no autorizar ciertas sustancias y establecer exigencias muy estrictas no han pensado en las consecuencias prácticas de ciertas decisiones y el profesional ha optado por buscar soluciones en los productos ilegales".
Esta asociación ha recibido denuncias por uso de fitosanitarios no autorizados procedentes de toda España aunque reconoció que "la presión de usar este tipo de sustancias es mayor en zonas con cultivos intensivos, donde se genera un mercado más atractivo".
Además consideró que en el caso de Andalucía "debería preocupar mucho más este tipo de prácticas, por la importancia socioeconómica que tiene la agricultura en la Comunidad, de forma que la Administración andaluza se juega mucho más que otras comunidades autónomas".