MADRID, 23 Sep. (EDIZIONES) -
A la automovilística alemana le está saliendo caro haber manipulado 11 millones de vehículos estadounidenses para que reflejasen unas emisiones de CO2 inferiores a las reales. Además de poner en peligro su prestigio, Volkswagen cayó más de un 35% en bolsa en solo dos días y anunció la provisión de unos 6.500 millones de euros y un 'profit warning' sobre sus resultados del tercer trimestre.
El 'fraude', con el que la compañía vulneró la legislación medioambiental estadounidense, consistía en integrar un 'software' en los modelos diesel para confundir a los reguladores que miden las emisiones, reflejando una cantidad sensiblemente inferior.
La agencia estadounidense de protección ambiental, la Environmental Protection Agency (EPA) ha hallado alteraciones en los vehículos diesel de la empresa fabricados entre 2009 y 2015, aunque ha advertido de que ampliará su investigación a otros fabricantes.
La cuestión se desplaza ahora a los vehículos fabricados en la Unión Europea. Volkswagen ha asegurado que sus nuevos motores EU 6 en Europa cumplen los requisitos legales y medioambientales establecidos, aunque Bruselas ha instado a la compañía a "aclarar los hechos".
"PROFUNDA TRISTEZA"
Ante el aluvión de críticas, su presidente, Martin Winterkorn, compareció para pedir disculpas de forma oficial a sus clientes, a las autoridades y a la sociedad en general. En su discurso afirmó "sentir profundamente" haber roto la confianza de millones de personas.
Winterkorn se comprometió a aclarar lo sucedido, asegurando que sería su "máxima prioridad" ya que las irregularidades "van en contra" de la filosofía de la empresa alemana. "Para lograrlo, pondremos todo sobre la mesa de la manera más rápida, transparente y rigurosa posible", subrayó.
MULTAS MILLONARIAS
Pese a las disculpas y su compromiso de realizar una investigación externa, la compañía se enfrenta en Estados Unidos a multas que podrían ascender a los 18.000 millones de dólares (más de 16.000 millones de euros), casi tres veces sus beneficios anuales.
En la Unión Europea, son los Estados miembro los responsables últimos de vigilar el cumplimiento de los límites establecidos por las normativas europeas y de actuar si es necesario. La portavoz comunitaria Lucía Caudet adelantó que Bruselas sopesa convocar una reunión con representantes de las autoridades nacionales para abordar el caso.
