Publicado 02/06/2020 19:42:54 +02:00CET

El Gobierno pide dictamen al Consejo de Estado sobre el anteproyecto que fomenta implicación de accionistas

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado, Josu Jon Imaz, en la junta de accionistas 2020
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado, Josu Jon Imaz, en la junta de accionistas 2020 - REPSOL

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 13 de junio, sobre el anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

Este anteproyecto fue aprobado por el Gobierno el pasado 3 de marzo El al objeto de fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas y con el objetivo de contar con empresas mejor gobernadas y más transparentes, reforzar la competitividad del mercado español y mantener las exigencias de protección e inversores.

Los objetivos del anteproyecto, que completa la transposición de una directiva europea, son premiar el compromiso a largo plazo de los accionistas, incentivar las salidas a Bolsa de empresas europeas en España y adaptar la obligación de elaborar folletos a la normativa europea.

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, una de las medidas que se introduce es la posibilidad de que las cotizadas premien a sus accionistas a largo plazo con acciones de lealtad, de manera que los que mantengan su posición durante más de dos años obtendrían un voto más por acción. Esto no es obligatorio, sino que se trata de una opción que cada empresa debe decidir si aplicar con un respaldo de casi el 70% de su accionariado.

Para mejorar el gobierno corporativo de las cotizadas y promover la inversión a largo plazo, las cotizadas deberán facilitar la implicación de los accionistas en la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración.

Además, se facilitará la transmisión de información transfronteriza y se obligará a las gestoras de fondos e instituciones de inversión colectiva (IIC) a publicar su política de implicación en las sociedades en las que invierten, para que se conozca tanto la identidad de los accionistas como su motivación.

Para evitar conflictos de interés, se incrementa la transparencia de operaciones vinculadas, de manera que tienen que ser aprobadas por el consejo y validadas por los accionistas y todos los implicados deben conocer que se trata de una operación vinculada.

Por otro lado, se adapta la obligación de elaborar folletos a la normativa europea, elevando de cinco a ocho millones de euros el umbral a partir del cual una emisión requiere un folleto, al tiempo que "se mantiene la máxima exigencia de protección de los inversores", aseguran fuentes ministeriales.

Asimismo, se suprime la obligación de que las cotizadas deban publicar sus resultados trimestrales (se mantiene la obligación de que se publiquen cada seis meses), que actualmente implica "un coste diferencial frente a otras plazas", aunque las cotizadas podrán seguir remitiéndolos si lo desean y, en cualquier caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrá exigir dicha información trimestral si lo considera adecuado.

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