MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno dispondrá de dos meses para corregir la normativa actual en la que se concede el monopolio de las interconexiones internacionales de electricidad y gas a los gestores de los respectivos sistemas, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás, una vez reciba el dictamen de reprobación de la misma por parte de la Comisión Europea, indicaron a Europa Press en fuentes de la Administración.
Las fuentes aseguran que el dictamen final de Bruselas no ha llegado aún a España y que será a partir de ese momento cuando el Gobierno contará con dos meses para modificar la normativa si quiere evitar que la Comisión traslade el asunto al Tribunal de la Unión Europea.
El asunto formaba parte de la agenda del Colegio de Comisarios en julio, pero fue retirado de la misma. El Gobierno da por hecho que se producirá la reprobación, pero el reloj aún no se ha puesto en marcha para la Administración.
La Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos establecen que los respectivos operadores de los sistemas eléctrico y gasista serán también operadores de las interconexiones internacionales en calidad de transportista único, lo que cierra la posibilidad de competencia en este ámbito.
El diario 'Cinco Días' adelanta este jueves que, tras las alegaciones presentadas por el Ministerio de Industria, la Comisión Europea ya ha emitido el dictamen motivado en el que se reafirma en sus primeras conclusiones y pide a España un cambio en la norma para adecuarla a las directivas.
De esta forma, el Ejecutivo comunitario da un salto cualitativo en el expediente abierto a España en 2013 en el que cuestionaba los monopolios de los que disfrutan REE y Enagás en el desarrollo de las interconexiones internacionales.
La Comisión también cuestiona la transposición de la misma directiva en lo referido a otro punto, el del grado de independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En concreto, Bruselas considera que debe ser el organismo regulador el encargado de establecer la metodología sobre la fijación de peajes de acceso al transporte y distribución.
La norma actual concede a la CNMC la potestad para asignar los costes de estas actividades, si bien el cálculo de ingresos, esto es, los peajes que se deben repercutir a los consumidores para sufragar el coste, lo aprueba previamente el Gobierno.
