La federación de Garzón pide en el Congreso paralizar el proyecto que firmó Manuela Carmena
MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) ha exigido este jueves la comparecencia en el Congreso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que explique la razón por la cual la 'Operación Chamartín' contempla la venta de 1,3 millones de metros cuadrados de suelo público en Madrid a un precio que, según esta formación, es tres veces más bajo de su valor real.
Y es que, según ha publicado este jueves 'eldiario.es', la enajenación de 1,27 millones de metros cuadrados de suelo público urbanizable se hará a 769,5 euros el metro cuadrado en uno de los distritos más caros de Madrid, a abonar en 20 años.
Estas condiciones se contemplan en un contrato entre Adif y la promotora privada Distrito Castellana Norte (DCN), formada por la constructora San José y el BBVA. Desde su firma en 1993, no se habían desvelado detalles del mismo.
"Esta operación podría suponer una plusvalía inmediata para DCN cercana a los 1.000 millones de euros si materializara la venta de los suelos cuando entre en vigor el derecho sobre su propiedad", critica IU, que exige también la comparecencia en el Congreso de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera Posada.
RECLAMAN RETIRAR EL PROYECTO
Si "el urbanismo, como herramienta de gestión pública, debe estar sometido al interés general", reivindican desde esta formación, "este proyecto y este contrato están claramente en las antípodas de ello", critican, ya que "representan un ataque directo a las necesidades colectivas y al patrimonio público, mientras se regala un valioso suelo público a entidades financieras".
Por todo ello, y pese a que la 'Operación Chamartín' fue pactada con el Ayuntamiento de Madrid que gobierna Manuela Carmena, de Ahora Madrid, la federación que lidera Alberto Garzón pide la retirada del proyecto y la finalización del acuerdo entre Adif y DCN, conservar la titularidad pública del suelo para ponerlo al servicio de las necesidades sociales y priorizar la solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes del entorno.
En este sentido, exigen construir mayoritariamente vivienda pública en régimen de alquiler a precios asequibles, equilibrar el reparto de espacios destinados a uso residencial y a actividades económicas, desarrollar un plan de fomento del transporte público y reducción del privado, y trasladar el modelo al resto de la ciudad.
