MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid confía en la constitucionalidad de la Ley de Transparencia Hipotecaria aprobada por la Asamblea de Madrid y ve con "extrañeza" el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central va a presentar contra la norma autonómica.
El Ejecutivo de Ignacio González se expresaba así en un comunicado tras conocer que el Gobierno central presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley para la Protección de los Derechos de los Consumidores Mediante el Fomento de la Transparencia en la Contratación Hipotecaria en la Comunidad de Madrid.
A este respecto, la Comunidad de Madrid sostiene que la norma "no entra a regular cuestiones bancarias, sino que garantiza la transparencia de la información que las empresas y entidades de crédito deben facilitar a consumidor y avalistas en la contratación de créditos y préstamos con garantía hipotecaria que se celebren en la Comunidad de Madrid".
Además, explica que, en junio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad de Madrid alcanzaron un acuerdo de inicio de negociaciones para evitar la interposición del recurso de inconstitucionalidad.
Tras esta reunión, los representantes de la Comunidad de Madrid se comprometieron a presentar un acuerdo interpretativo que resolviera las dudas que el Estado planteaba, que fue remitido a la Dirección General de Cooperación con las comunidades autónomas y corporaciones locales el pasado 11 de diciembre
Por eso, muestra su "extrañeza" ante el recurso aprobado hoy por el Consejo de Ministros, ya que "hasta el día de ayer el Gobierno de la Nación se mostró dispuesto a aceptar la propuesta de acuerdo interpretativo".
LA NORMA SE LIMITA REGULA LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Desde el Gobierno de Ignacio González sostienen que "la Ley autonómica se limita a regular desde el punto de vista exclusivo de la protección al consumidor, competencia autonómica, aludiendo a las personas físicas o jurídicas que sean destinatarios finales, por lo que evidentemente quedan fuera los empresarios y profesionales, algo que cuestionaba el Gobierno de la Nación".
Así, inciden en que "la norma autonómica ni produce confusión, ni solapamiento y no rompe la uniformidad, sino que añade más garantías a más consumidores".
Además, el Ejecutivo autonómico asegura que la norma autonómica "obliga a las empresas concedentes de los créditos hipotecarios, ya sean o no entidades de crédito, a hacer entrega al consumidor de una información previa a la oferta vinculante".
Esta información deberá constar por escrito, con información especialmente detallada y con una redacción clara, transparente, concreta y sencilla, con el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura y que le permita un conocimiento real de su contenido y debe entregarse al consumidor por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su recepción, algo que no recoge la normativa estatal.
En cuanto a la oferta vinculante y la información contractual, la Ley de la Comunidad de Madrid establece un nivel mayor de protección que consiste en que la información debe trasladarse teniendo constancia fidedigna de su recepción.
Además, la norma autonómica establece la obligación de extender todas la obligaciones referentes a la información al avalista, extremo no recogido en ninguna norma estatal.
EL GOBIERNO DEBERÁ CAMBIAR LA LEY PARA AUMENTAR LA PROTECCIÓN
Por eso, desde la Comunidad opinan que ante la posible suspensión de la aplicación de la Ley autonómica como consecuencia del recurso anunciado por el Gobierno, y para no dejar indefensos a avalistas y consumidores considerados como personas jurídicas, como es el caso de las comunidades de propietarios, el Gobierno de España deberá hacer las modificaciones legislativas que sean necesarias para ampliar el marco de protección a estos colectivos
Y es que el Ejecutivo regional confía en la constitucionalidad de la Ley y relata que el Gobierno de Mariano Rajoy recurre esta norma autonómica basándose en una orden que el anterior Gobierno aprobó en octubre 2011, mientras la Ley se encontraba en tramitación parlamentaria, si bien ya "se encontraba aprobada por el Consejo de Gobierno autonómico desde septiembre del mismo año".
En este punto, indica que la ley "se comenzó a tramitar en el verano de 2011 en cumplimiento de la promesa electoral de la presidenta Esperanza Aguirre para proteger a los consumidores ante las situaciones dramáticas que muchos ciudadanos vivían y la inacción del Gobierno central".
