MADRID, 21 Mar. (EDIZIONES) -
Las pensiones de viudedad destinadas a los que perdieron sus cónyuges son la segunda mayor partida de gasto de la Seguridad Social, y están bajo el punto de mira esta semana tras la propuesta del Secretario de Estado Octavio Granado de vincular las nuevas a la renta de los beneficiarios.
Aunque la ministra Magdalena Valerio haya apaciguado los ánimos diciendo que el Gobierno "no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad, salvo para seguir subiendo las más bajas", es cierto que el sistema público de pensiones tiene un problema de sostenibilidad: cerró 2018 con un agujero de unos 32.000 millones de euros.
Entre las reflexiones sobre la situación actual de esta prestación, existen algunas propuestas para su posible reforma que van desde la transformación de las pensiones vitalicias en temporales, su traslado al modelo no contributivo o la adopción de cuentas nocionales, tal y como señala el estudio 'La viudedad en el marco de la Seguridad Social española: reflexiones y perspectivas', del Instituto Santalucía.
En líneas generales, la pensión de viudedad es una cobertura orientada a la compensación de la pérdida de los ingresos de los que participaba el superviviente de una unión entre dos personas, sin que se tenga como condición indispensable para su concesión la renta del que la recibe.
En este sentido, hay cierta heterogeneidad de los beneficiarios, que pueden tener o no tener cargas familiares, rentas y patrimonio propio o capacidad para su obtención, soporte familiar o acceso a otras ayudas sociales. Sin embargo, destaca que la gran mayoría de los beneficiarios son mujeres (92,41%) y tienen una pensión media más alta que la de los hombres.
TRES ALTERNATIVAS PÚBLICAS AL SISTEMA ACTUAL
La evolución de la sociedad con la mayor incorporación al mercado de trabajo de la mujer y la insostenibilidad del sistema de pensiones actual con la deuda de la Seguridad Social abre el debate sobre las alternativas a la pensión de viudedad actual. Según el citado informe, en los países de la Unión Europea no hay un enfoque general y se plantean, entre otras, soluciones basadas en rentas temporales, en pensiones que solo se conceden a partir de una edad, pensiones de cuantía fija y opciones de corte asistencial.
En cuanto a las iniciativas que aceptan la cobertura pública de la viudedad dentro de la Seguridad Social el Instituto Santalucía propone, en primer lugar, la transformación de las pensiones vitalicias en pensiones temporales, de forma que se produciría un ahorro estimado en pensiones de viudedad del 40,59% por cada generación.
Esta alternativa temporal impediría que se perciban pensiones vitalicias por parte de quienes tienen otros recursos o capacidad para obtenerlos, si bien, esto no debería ser un obstáculo dentro de una modalidad verdaderamente contributiva. De hecho, según el Instituto, las mayores inequidades surgen porque las pensiones vitalicias no se sustentan en una carrera suficiente de cotizaciones, siendo soportadas con cargo a un sistema de solidaridad en desequilibrio.
Así, estas rentas temporales favorecerían el equilibrio individual entre aportaciones y prestaciones, así como la situación económico-financiera del sistema público y admiten modelos de mayor protección en las cercanías del fallecimiento. Sin embargo, con estas pensiones temporales sería menor el periodo de cobertura en el tiempo tras el hecho causante.
En segundo lugar, se recoge el debate del paso de las pensiones desde una modalidad contributiva a una no contributiva, donde bajo el modelo actual se produciría un incremento de coste por el efecto en el Índice de Revalorización de las Pensiones. Así, la parte contributiva se centraría en compensar el lucro cesante y la asistencial en cubrir las situaciones de necesidad.
Las pensiones no contributivas (invalidez y jubilación) incorporan unos sistemas de cálculo que tienen en cuenta los recursos del beneficiario y, cuando procede, los de la unidad económica. Este trasvase, únicamente a las nuevas altas desde una fecha concreta, conllevaría que algunos de los que serían beneficiarios con la normativa actual dejarían de serlo, transformándose en un sistema más restrictivo ante equivalente esfuerzo contributivo realizado entre generaciones distintas.
Por último, existe la opción de incorporar un sistema de cuentas nocionales en el sistema de pensiones, que ya algunos partidos políticos han propuesto públicamente. En el caso de la pensión de viudedad, sería posible redefinirla mediante la obtención de un capital promedio asegurado a cambio del pago de una prima anual de cada individuo según su edad. Este traspaso requeriría la articulación de una cobertura propia separada con sus propias reglas, donde una posibilidad es el diseño a través de un seguro de vida en el que el asegurador sea la propia Seguridad Social.
