Los empleados públicos deben lograr un resultado positivo en su examen para mantener el complemento de productividad
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El personal directivo de las administraciones públicas gallegas deberá someterse a "una evaluación periódica conforme a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos fijados" para mantener su puesto, para progresar en la carrera directiva y para determinar la cuantía de la parte variable de su retribución.
Así consta en el anteproyecto de la ley de empleo público, al que ha tenido acceso Europa Press, aprobado la semana pasada por el Consello de la Xunta. La norma, que está en fase de negociación con los sindicatos, la Fegamp y las universidades, afectará no sólo al personal de la Xunta, sino también a empleados de administración local, entes públicos y trabajadores de servicios de las tres universidades gallegas --no así a los docentes--.
La futura ley recoge por primera vez la categoría de personal directivo y, según el borrador, los puestos que sean cubiertos por esta clase de personal deben recogerse en una relación de puestos directivos "de contenido análogo al de la relación de puestos de trabajo". El ingreso en la "carrera directiva" responderá a "principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad" y la selección del personal se llevará a cabo mediante procesos "que garanticen la publicidad y concurrencia".
La permanencia en esta categoría y la progresión dentro de la misma, así como parte de las retribuciones --en el caso de que el directivo perciba una parte variable--, "dependen de una evaluación periódica". Con este examen se determinará si el directivo mantiene su puesto o incluso la condición de personal directivo, su progresión y la cuantía de su retribución variable.
El texto del anteproyecto especifica que la provisión de los puestos directivos se hará "por procedimientos objetivos" entre las personas que tengan la condición de personal directivo y reúnan los requisitos necesarios. Además, el personal solo podrá ser apartado del cargo "por causas objetivas vinculadas a una evaluación negativa del desempeño o a graves y continuadas dificultades de integración en el equipo directivo, apreciadas por el órgano superior jerárquico".
Las retribuciones tendrán una parte fija, determinada por la titulación académica, la progresión alcanzada en la carrera directiva y las características del puesto directivo desempeñado, a la que se sumará, de ser el caso, una parte variable, que "estará vinculada a la consecución de los objetivos fijados".
EVALUACIÓN DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS
La futura ley incluye entre sus novedades la evaluación a la que se someterán los empleados públicos que deseen progresar en su carrera profesional, los que ocupen puestos obtenidos por concurso y los que quieran obtener o mantener el complemento retributivo de desempeño. Este complemento sustituirá al actual de productividad.
Asimismo, el texto recoge que el complemento de destino se cambiará por el de carrera, basado en la progresión en la carrera horizontal --ascenso de grado y de categoría profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo--; y el específico por el de puesto de trabajo.
Un resultado negativo en la evaluación individual que la Xunta propone aplicar "podrá comportar la pérdida del complemento retributivo de desempeño" o "concepto retributivo equivalente" y, de ser el caso "la obligatoriedad de la actualización y perfeccionamiento de su cualificación profesional mediante la participación en los cursos de formación reglada que se establezcan".
Precisamente, los representantes sindicales advirtieron el pasado viernes, tras una reunión con Elena Muñoz, de los riesgos de vincular parte del salario al resultado de las evaluaciones y advirtieron de que el sistema puede introducir "subjetividad". La conselleira, por su parte, ha asegurado que los criterios serán "objetivos". En cualquier caso, las características y el proceso para este examen deben desarrollarse en otra norma una vez se apruebe la ley.
LA EVALUACIÓN
Esta evaluación, que tendrá en cuenta la opinión del superior jerárquico, según avanzó la conselleira de Facenda, examinará el grado de cumplimiento de los deberes profesionales de cada empleado público, su grado de interés, iniciativa y esfuerzo en su tarea y, "en particular, la implicación" en la actualización y perfeccionamiento de su cualificación profesional.
Además, en cuanto al logro de resultados, se analizará la consecución de los objetivos de la unidad administrativa en la que el empleado público preste sus servicios y la mejora de la organización y la gestión a través de la participación en procesos de innovación y buenas prácticas.
