MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha reiterado este jueves su petición a la ministra de Fomento, Ana Pastor, transmitida personalmente el miércoles en una conversación telefónica, de que informe en detalle al Ejecutivo comunitario antes de adoptar una decisión definitiva sobre el rescate de las nueve autopistas de peaje en riesgo de quiebra para determinar si resulta compatible con la normativa sobre ayudas de Estado.
"Antes de que llamara yo a la ministra me llamó ella a mí y me indicó que no es algo definitivo", apuntó Almunia en el transcurso de una conferencia organizada por ESADE Business School, donde explicó que en esta convesación telefónica solicitó a la ministra que "antes de cerrar este caso las autoridades españolas nos informen a la Comisión para poder indicar si es compatible con la regulación sobre las ayudas de Estado".
El Ejecutivo comunitario no ha estado involucrado hasta ahora en la elaboración del plan de rescate de las nueve autopistas, según han explicado fuentes europeas.
Bruselas debe determinar si el plan del Gobierno español supone una subvención estatal y, en caso positivo, examinar si las medidas se ajustan a las normas de la UE sobre ayudas públicas. Si no es así, Bruselas podría vetar el rescate u obligar a modificarlo.
El Gobierno finalmente opta por integrar las autopistas en una sociedad pública, pero 100% estatal (sin participación de las concesionarias) y con menos deuda de la que soportan las vías. Así, plantea a la banca acreedora una quita de hasta el 50% y convertir los 2.400 millones de pasivo que les reconocería en un bono a treinta años.
El Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda han estado estudiando durante los dos últimos meses las posibles soluciones para estas autopistas. En el marco de este análisis se ha sopesado la opción de integrarlas en una empresa pública o bien la de proceder a su liquidación ordenada, en caso de que esta alternativa tuviera un menor impacto en las arcas públicas.
El Gobierno ha dado de plazo hasta el 31 de marzo a todas las partes afectadas para que respondan si aceptan el plan.
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