MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado que las razones por las que el Gobierno pide la prórroga del estado de alarma son "esencialmente" las mismas que provocaron su declaración y "persisten problemas" que impiden que la recuperación de la normalidad "esté suficientemente garantizada", y ha advertido que las consecuencias de una repetición de la situación vivida a principios de mes serían "demoledoras" y "catastróficas" para el país y el sector turístico.
"La simple incertidumbre representa un coste inasumible", ha asegurado durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la solicitud de autorización del Ejecutivo para prorrogar el estado de alarma aprobado el pasado 4 de diciembre hasta el próximo 15 de enero, ya que en este período se van a operar más de 100.000 vuelos con más de 3,5 millones de viajeros, de ellos 2,5 millones internacionales.
Asimismo, ha asegurado que ni la sociedad ni el sector ha recuperado la "percepción de normalidad", al tiempo que ha recordado que hay nuevos elementos añadidos, como los procesos judiciales, administrativos y laborales abiertos para "sancionar y depurar" las conductas "ilícitas" de los controladores.
"La prórroga significa que algo más de 2.000 controladores están movilizados para que 47 millones de españoles no vean perturbados su derechos, la economía no se vea afectada y España cumpla sus compromisos internacionales en el tráfico aérea", ha incidido Jáuregui, quien ha remarcado que el Gobierno ha cumplido "escrupulosamente" con todos los requisitos para declarar el estado de alarma y solicitar ahora su ampliación.
SI VOLVIERA A OCURRIR LA SITUACIÓN SERÍA "CATASTRÓFICA".
Jáuregui incidió en que en el caso de España se "multiplican los riesgos" en el caso de que se produjera una situación semejante a la ocurrida el pasado 3 de diciembre, en los días previos al Puente de la Constitución, y que si volviera a ocurrir sería "realmente catastrófico", si se tiene en cuenta que tres de cada cuatro turistas, unos 40 millones de personas cada año, llegan a España en avión.
Además, destacó el hecho de que para Baleares y Canarias el transporte aéreo constituye su principal vía de comunicación y, en concreto para el archipiélago canarios, es "sencillamente vital".
A ello hay que añadir, que el sector aéreo español, que emplea a más de 440.000 trabajadores, es clave y que los aeropuertos de Barajas y El Prat, son enlaces estratégicos para las conexiones a Europa y Latinoamérica.
Por ello, señaló el coste-riesgo para el sector turístico sería de miles de millones de euros, incidiendo además de manera "muy negativa" en el empleo, además de una "drama" para los usuarios.
"Las circunstancias que llevaron a declarar el estado de alarma son las mismas en esencia y no han sido todavía superadas, ya que persisten problemas que no ha podido ser resueltos todavía", apuntó, para insistir en que el estado de alarma fue la única medida que podía resolver el sabotaje de los controladores y que sigue siendo necesario por las mismas razones.
Jáuregui remarcó que esta situación en "absoluto" coarta derechos fundamentales de los españoles sino que refuerza la garantía de la libertad de circulación, al tiempo que recordó que los controladores siguen siendo personal civil y trabajadores de la empresa pública, pese a estar sometidos a la autoridad militar, y por lo tanto, con sus "derechos intactos".
Finalmente, concluyó que la vigencia del estado de alarma no es "anormal" sino las razones que lo exigen ante la persistencia de las incertidumbres y de la necesidad de prorrogar los efectos de las medidas contempladas en el decreto del Gobierno.
