MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes sendas resoluciones instando al organismo a que estudie la posibilidad de que se haya incurrido en sobrecostes en otras líneas del AVE diferentes de la Madrid-Barcelona y que analice también la contratación realizada por Adif entre 2011 y 2013.
En total, la Comisión ha dado luz verde a 25 de las 54 propuestas de resolución presentadas por los diferentes grupos parlamentarios al 'Informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrollada desde el 1 de enero de 2002 hasta la puesta en funcionamiento de la línea'.
Según dicho informe, el AVE a Barcelona costó un 31,4% más de lo previsto, unos 1.732 millones adicionales, con lo que su factura se elevó finalmente a 8.967 millones de euros, frente a los 7.235 millones en que se habían adjudicado los proyectos. Sólo entre 2002 y 2008, el periodo fiscalizado en este informe, las obras sufrieron un desvío presupuestario del 43,2%, pasando de 2.600 a 3.722 millones de euros.
Por eso, las Cortes quieren que el organismo fiscalizador realice un análisis similar sobre el resto de líneas de AVE y que diagnostique el funcionamiento de Adif, GIF y los ministerios de Hacienda y Fomento para determinar por qué no se detectaron y corrigieron antes las deficiencias detectadas en las obras Madrid-Barcelona a pesar del largo periodo que duraron y de que el Tribunal ya había alertado de muchas de ellas en informes anteriores.
Además, le reclama que complemente las actuaciones que actualmente viene desarrollando en la fiscalización de la financiación de las infraestructuras ferroviarias en el periodo 2001-2013 con un análisis de la contratación realizada por Adif en dichos años.
NUEVOS ANÁLISIS
Por otra parte, se le pide al organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda que efectúe un diagnóstico sobre las inversiones en infraestructuras realizadas en la última década desde el punto de vista de su contribución al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad medioambiental y del gasto público; y sobre las causas que han podido conducir a una "estimación tan deficiente" de la demanda de transporte, lo que habría conducido a la "inadecuada planificación" de las inversiones.
Para los futuros análisis sobre las infraestructuras construidas por el Estado, se propone que el Tribunal incorpore la perspectiva de su contribución al reequilibrio territorial de la renta y de la riqueza y a la equiparación entre las prestaciones y bienes públicos.
Por su parte, la Comisión Mixta insta a Adif a mantener sus procedimientos internos de contratación "permanentemente actualizados y adaptados al régimen jurídico" vigente, y a "perseverar en el camino iniciado de cara al establecimiento de mecanismos e instrumentos que garanticen un mayor control de la planificación y ejecución de sus contratos".
Entre las resoluciones también figuran un grupo con los que las Cortes dejan constancia de su "denuncia" sobre la "deficiente redacción" de los proyectos del AVE Madrid-Barcelona, de la "elevadísima" desviación del coste y de los retrasos producidos sin que Adif haya exigido ninguna indemnización a la UTE encargada de las obras, haciendo particular mención a las irregularidades y deficiencias en el tramo Hospitalet-La Torrassa.
NO HABRÁ COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN.
Sin embargo, han sido rechazadas las propuestas de resolución con las que se pedía al Gobierno que depure responsabilidades en relación con los sobrecostes del AVE Madrid-Barcelona, tanto la que pedía una comisión de investigación parlamentaria como la que proponía investigar las posibles prácticas irregulares que se hubieran podido producir en la ejecución de los contratos de obras relacionados con la construcción de infraestructuras del transporte para ponerlas en conocimiento de las instancias competentes.
Tampoco han salido adelante las propuestas para que el gestor ferroviario reclame a las empresas adjudicatarias la correspondiente responsabilidad por las deficiencias contenidas en los proyectos constructivos contratados ni para que trimestralmente se presente al Parlamento un informe con el "detalle de las medidas que han adoptado Adif y Fomento" para evitar desviaciones presupuestarias en futuros proyectos.
