Elma Saiz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press
MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados debatirá esta semana una moción consecuencia de interpelación urgente registrada por el Grupo Parlamentario Vasco para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME).
Entre las peticiones del PNV para mejorar esta norma, destacan prever la prórroga excepcional del derecho a la prestación a más allá de los 26 años vinculado al grado alto de discapacidad y de alta dependencia; la creación de una unidad técnica de resolución rápida a la Dirección General de la Seguridad Social, con capacidad para analizar los casos, emitir criterios vinculantes y evitar la judicialización sistemática de los conflictos entre familias y mutuas en el plazo de tres meses; o la clarificación normativa del concepto de 'situación protegida', garantizando que la reducción de jornada y la prestación económica sean derechos independientes y compatibles, así como facilitación de los trámites y procedimientos para el reconocimiento de la prestación.
El grupo vasco reclama también el reconocimiento expreso de los ingresos hospitalarios no necesariamente prolongados, incluyendo hospitalización ambulatoria, domiciliaria o en régimen de día, cuando los cuidados directos y continuos sean acreditados por los servicios médicos públicos; la actualización y carácter abierto del listado de enfermedades graves, incorporando expresamente el Trastorno del Espectro Autista (TEA grado 3 o severo) y evitando interpretaciones restrictivas que excluyen enfermedades raras o sindrómicas; o el refuerzo de la protección de las familias monoparentales, separadas o con custodia compartida, adaptando los periodos de alternancia a la realidad de la convivencia y establecimiento de un marco efectivo de apoyo y protección para las personas cuidadoras tras la finalización de la prestación por cuidado de menores afectados con cáncer u otra enfermedad grave.
Asimismo, pide la inclusión plena de las personas trabajadoras a tiempo parcial y funcionarios públicos; la homogeneización y transparencia en el cálculo y actualización de las bases reguladoras, estableciendo formularios y procedimientos comunes para todas las mutuas; y la racionalización de las renovaciones médicas, extendiendo la vigencia de los informes en enfermedades crónicas o irreversibles a un periodo mínimo de doce meses, para evitar cargas burocráticas innecesarias sobre las familias y el sistema sanitario.
Por último, reclama el establecimiento de sanciones ante incumplimientos reiterados por parte de las mutuas colaboradoras; y modificar la ley para incluir expresamente la prestación CUME entre los supuestos excluidos de regularización anual de cotizaciones de los trabajadores autónomos, garantizando que sus bases de cotización adquieran carácter definitivo mientras perciban esta prestación, en igualdad de trato con el resto de prestaciones de protección social.
UN NUEVO REGLAMENTO PARA "PROTEGER MEJOR A LAS FAMILIAS"
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se comprometió, en la Sesión Plenaria de la Cámara Baja del pasado miércoles, a publicar "de manera inminente" en audiencia pública un nuevo reglamento para actualizar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME) y "proteger mejor a las familias".
Saiz detalló que el nuevo reglamento responde a tres grandes objetivos: "Ampliar y adaptar la protección a la realidad clínica actual; reforzar la seguridad jurídica de las nuevas realidades familiares y laborales; y mejorar la transparencia, la eficacia en la gestión y la homogeneidad".
El texto del nuevo reglamento, según aseguró, "es el resultado de un proceso de escucha, de diálogo con la representación de los colectivos de padres y madres afectadas". "Esta nueva normativa en la que estamos trabajando responde a una necesidad real y profundamente humana, proteger mejor a las familias que atraviesan una de las situaciones más duras que se pueden vivir en un hogar", apuntó.
Con este nuevo texto, el Gobierno busca "actualizar la regulación, resolver problemas interpretativos, dar más seguridad jurídica y adaptar la protección social a las necesidades reales de las familias".
DEROGAR LA ANTERIOR NORMA Y APROBAR UN NUEVO REGLAMENTO COMPLETO
La primera novedad de esta norma es que el Ejecutivo aprobará un nuevo marco reglamentario completo, por lo que derogará "íntegramente" el anterior real decreto y aprobará "una nueva regulación sistemática y coherente que integre y garantice la seguridad de las familias".
La segunda novedad es la actualización del concepto de situación protegida. Así, Saiz explicó que "la medicina evoluciona, la organización sanitaria evoluciona y las necesidades asistenciales también lo hacen".
La tercera mejora tiene que ver con la realidad de las familias, ya que la norma "clarifica" el régimen aplicable en casos de nulidad, de separación, de divorcio de la pareja de hecho, que eran algunos de los supuestos "que más dudas, más conflictos interpretativos y más inseguridad generaban".
La cuarta novedad relevante es la revisión del régimen de duración y prórroga del subsidio. En este contexto, el nuevo reglamento configura un sistema "más flexible y más ajustado" a la realidad clínica de las enfermedades.
Junto a estas novedades, el nuevo texto incorpora mejoras en la acreditación médica y en los mecanismos de supervisión. Integra en la propia norma el modelo oficial de declaración médica que hasta ahora se regulaba separadamente y refuerza su contenido para que quede mejor reflejada la necesidad de cuidado directo continuo y permanente.
Además, prevé la incorporación bianual de un informe de la inspección médica para las prórrogas, con el fin de "reforzar la objetividad de la homogeneidad y la transparencia en la gestión".
Asimismo, otorga "mayor seguridad, previsibilidad", para los autónomos, de manera que también las personas que trabajan por cuenta propia puedan ejercer este derecho "en condiciones más claras"; y actualiza el listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías como el trastorno del espectro autista.
En este sentido, la nueva norma habilita una vía reglamentaria para que ese listado "pueda seguir actualizándose conforme avance el conocimiento científico".