AVADEC muestra su "indignación" por el retraso y anima a recurrir a los Tribunales
VALENCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata afirmó hoy que el Gobierno valenciano "se burla" de las personas dependientes y de los grandes inválidos al tardar más de cuatro años en proporcionarles las ayudas a las que tienen derecho por ley como constata el hecho, dijo, de que "tras 250 millones de euros trasferidos desde el Gobierno de España y de que 50.000 personas tuvieran derecho a la prestación, sólo 27.000 hoy estuvieran en condiciones de percibirla".
Mata mantuvo hoy una reunión con la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, para analizar la situación de este colectivo y especialmente de los 25 afectados que recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con el apoyo jurídico del grupo socialista, su situación por el "bloqueo" de las ayudas establecidas en la Ley por parte del Gobierno valenciano.
Así, estos 25 afectados solicitaron en mayo de 2007 el reconocimiento de su dependencia para percibir las ayudas pero pasado un año aún no habían recibido contestación con lo que, unido al cambio de criterio del Consell por el que el silencio administrativo en lugar de considerarse positivo se cambiaba a negativo, no sabían si sus reclamaciones habían sido aceptadas.
Ahora el recurso está listo para sentencia y Mata recalcó que a la vista de cómo evoluciona el pleito "va a ser que nos van a determinar que la gente es dependiente a los seis meses de que hayan cursado la solicitud, que tienen derecho a la prestación desde esa fecha y que además tienen que ser indemnizados por los daños morales que el retraso les supone".
En ese sentido, destacó que el pleito ha servido para hacer un seguimiento de cada una de las situaciones y se ha constatado que el Gobierno valenciano "se burla" de las personas dependientes, de los grandes inválidos y de los que tienen graves enfermedades porque "tardan más de dos años en decirles que son dependientes, otro año en decirles qué les correspondería y otro más en proporcionarles estas ayudas" con lo que cuando al fin les llegan "lamentablemente muchos han fallecido". Por contra, evidenció que la calidad de vida de estas personas "cambiaría muchísimo" si recibiera la prestación.
Por su parte, la presidenta de la Asociación, Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, mostró su "indigación" pues, dijo, desde que se aplica la ley en la Comunitat "sabemos que no estamos al mismo nivel del resto de las Comunidades" ya que "aquí se están cometiendo una serie de escándalos que hacen que tengamos menos derechos", se lamentó.
Por ello, manifestó la necesidad de una mayor implicación de la Justicia en la defensa de sus derechos ya que el Colegio de Abogados de Valencia, pese a sus reiteradas peticiones, no les brinda los abogados del turno de oficio que requieren pese a que "no debería ser necesario discutir cuando es un dependiente".
Al respecto, dijo no entender por qué se prolongan "tantísimo" los plazos, lo que supone "un incumplimiento manifiesto" de la ley, así como el no cumplimiento de la retroactividad o el que no se reconozca la compatibilidad de recursos como en otras comunidades, entre otros aspectos. "No queremos sentirnos ciudadanos de segunda", proclamó.
CIFRAS REALES
Castellano reclamó conocer las cifras "reales" de dependientes y cuestionó en ese sentido las que aporta la Conselleria de Bienestar Social en las que en septiembre "hablaban de 40.000 solicitudes, lo que les valía para afirmar que aplican la ley en un 90 por ciento de los casos, cuando desde esta asociación se tiene conocimiento de que hay más de 120.000 expedientes".
"Se está muriendo mucha gente, hay muchas quejas y se está creando un servicio doble que, en lugar de beneficiar al interesado ,está provocando un despilfarro de los recursos que no llegan a la persona que lo necesita", criticó Castellano, quien añadió: "están destruyendo una cosa que funcionaba para montar otra que no sabemos aún si va funcionar".
En ese sentido, mostró su oposición a la voluntad de un cambio administrativo ya que ello supondría "atascar la tramitación" al principio del proceso con el propósito de que "se presenten menos solicitudes" ya que se les exigirá una serie de informes que "se tardarán en reunir por el atasco de los servicios municipales". Por ello, concluyó: "la mejor solución es a través de los tribunales".
