Una experta califica de "incompatible" con la Constitución la aprobación de una ley de plazos para el aborto

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, Asunción de la Iglesia, calificó hoy de "incompatible con el derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución Española" una reforma legal que llevara a una ley de plazos que permitiera el aborto "sin necesidad de causa alguna" en las primeras semanas.

En opinión de esta experta, una propuesta legislativa en este sentido, "al dejar desprotegido al 'nasciturus' rompe también con la obligación de proteger al no nacido que se encuentra dentro del vientre de la madre, afirmada en la Sentencia 53/1985" del Tribunal Constitucional.

Según De la Iglesia, "esa sentencia fue más allá del tenor literal del art. 15 de la Constitución y fue una restricción del derecho a la vida". En su opinión, "si bien la Constitución afirma que "todos tienen derecho a la vida", el TC interpretó -a diferencia de otros países- que "todos" no implicaba la titularidad del derecho fundamental por parte del 'nasciturus', que era lo esperable".

En referencia a propuesta de Izquierda Unida y algunos colectivos sociales de despenalizar el aborto y establecer una ley de plazos, la profesora de Derecho Constitucional señaló que esa medida "rompe la protección jurídica del 'nasciturus' en los primeros meses de gestación al permitir su destrucción sin necesidad de causa alguna y sin que ello tenga ninguna consecuencia jurídica".

"A mi juicio, la Constitución proclama el derecho de todos a la vida, y ello obliga a su protección en todas las manifestaciones, pero especialmente en los supuestos en los que es más vulnerable y más necesaria se hace su protección", afirma De la Iglesia.

Para esta experta, "el derecho a la vida es el primero de los proclamados en el texto constitucional entre los derechos fundamentales, pues sin él los demás carecen de sentido". "Un ordenamiento constitucional que no defiende la vida del más débil no respeta el principio de dignidad de la persona que es exigencia de la democracia, y que en la propia Constitución se nos dice que es el fundamento del orden jurídico y de la paz social", señala.