AMP.- El Gobierno prevé que la reforma de Dependencia y Discapacidad inicie su tramitación parlamentaria en septiembre

Propone "flexibilizar" la entrada de profesionales al Sistema de Atención a la Dependencia vía FP

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha avanzado que el Gobierno ha enviado al Consejo Económico y Social el texto de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y ha afirmado que la voluntad del Ministerio de Derechos Sociales es que el texto se remita a las Cortes Generales para que comience su tramitación parlamentaria a inicios del próximo periodo de sesiones, que comienza en el mes de septiembre.

"Se acaba de enviar al Consejo Económico y Social para, a continuación, continuar su tramitación interna y remitirlo, finalmente, al Consejo de Estado. Nuestra voluntad es que el texto se remita a las Cortes Generales para su trámite parlamentario a inicios del próximo periodo de sesiones", ha anunciado Martínez este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso.

Según ha explicado la secretaria de Estado, tras la fase de exposición pública, en la que se recibieron 248 aportaciones de entidades y personas físicas, se han recabado los informes perceptivos y han mantenido reuniones con diferentes colectivos, agentes sociales, así como todos los gobiernos autonómicos, unos debates que, a su juicio, "han enriquecido y mejorado el texto".

Ahora acaban de enviar el texto al Consejo Económico y Social para, a continuación, continuar su tramitación interna y remitirlo, finalmente, al Consejo de Estado.

Martínez ha precisado que, en el proceso de tramitación, "ninguno" de los actores con los que han contrastado el texto de la ley -- comunidades autónomas, sindicatos, patronales, entidades sociales y personas expertas--, ha cuestionado el objetivo ni el enfoque de la reforma.

Si bien, ha lamentado que desde "algunas voces, especialmente desde los gobiernos autonómicos, se ha defendido una postura en la que consideran que sin incremento de financiación o incluso sin el cumplimiento total previo de la actual ley, esta reforma no tiene sentido".

Frente a estas posturas, la secretaria de Estado ha asegurado que reforzar la financiación del sistema de protección a la autonomía y la atención a la dependencia "es indiscutible" porque hay un "déficit de financiación respecto a países del entorno --0,8% del PIB España, frente a la media de la OCDE del 1,55%-- pero ha advertido de que "no basta con invertir más" sino que "es necesario e imprescindible invertir mejor".

En el caso de que haya prórroga de presupuestos generales del Estado, Martínez ha asegurado que están trabajando como Ministerio para que pueda haber "una aportación extraordinaria" al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

EN 2030, HABRÁ 400.000 PERSONAS MÁS EN EL SISTEMA A LA DEPENDENCIA

Además, ha avisado de que, según las previsiones, en 2030, "en solo cinco años, habrá 400.000 personas más" en el sistema de la atención a la dependencia. En este sentido, ha advertido de que si España continúa con el marco normativo actual, "rígido, poco personalizable", solo va a dar respuesta "parcialmente a un número creciente de personas" y "de una manera muy alejada de las demandas ciudadanas".

Al mismo tiempo, ha recordado que, según las estimaciones de la Secretaría de Estado, en 2030 harán falta 263.000 profesionales adicionales en el sistema de atención a la dependencia. "Como se pueden imaginar, la magnitud del reto asusta", ha asegurado.

Por otro lado, la secretaria de Estado de Derechos Sociales ha anunciado que están trabajando con Formación Profesional para llevar a cabo una posible modificación del Real Decreto que regula la certificación profesional para "flexibilizar" la formación de las personas que deseen trabajar en el sistema de atención a la dependencia y buscar con las comunidades autónomas y los agentes sociales un acuerdo de manera que, "sin haber terminado la formación y siempre que haya mecanismos que aseguren que estas mujeres pueden completarla, puedan incorporarse antes al sistema".

"Esto es una cuestión demandada tanto por comunidades autónomas como por proveedores y creemos que la modificación del Real Decreto que regula la certificación profesional nos puede dar una salida, es una cuestión sobre la que ya estamos trabajando y esperamos que el año que viene esté ya en marcha", ha indicado Martínez.

Asimismo, ha revelado que están trabajando en un macroestudio sobre las condiciones laborales y la situación de las trabajadoras del SAAD y el 17 de julio realizarán una jornada en la que abordarán las condiciones de trabajo de estas trabajadoras, cuáles son los problemas y por qué la mayoría de estas mujeres no llegan a su edad de jubilación. "A partir de estos datos, de estas evidencias, entraremos ya en trabajo con diversos ministerios para tomar medidas que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales en sus puestos de trabajo", ha apuntado.

EL PP PIDE MÁS APORTACIÓN DEL ESTADO AL SAAD

Durante el turno de portavoces, la diputada del Partido Popular, Patricia Rodríguez, ha señalado que "si hay más usuarios en el sistema, lógicamente hay más gasto del nivel mínimo" por lo que "el Gobierno tiene que aportar más". "Todas esas supuestas mejoras en los servicios y prestaciones de atención a las personas en situación de dependencia no serán una realidad. Y no lo serán porque ustedes conscientemente no ponen dinero encima de la mesa", le ha afeado. "¿Cómo justifica que 3 de cada 4 euros que se aportan al sistema lo pongan las comunidades autónomas?", le ha preguntado.

Por su parte, la diputada de Vox, Rocío De Meer, ha preguntado a la secretaria de Estado de dónde van a recortar para poder "invertir mejor" y hacer "esta revolución que quieren en el sistema actual de dependencia"; y ha propuesto destinar "los 2.000 millones del Pacto de Estado de Violencia de Género" a "salvar a las 80 personas que mueren al día en una lista de espera" de la dependencia.

Estas declaraciones han despertado el reproche de la diputada del PSOE, Inés Plaza. "Que critique el Pacto de Estado contra la violencia de género, pues me quedo sin palabras. Sinceramente, la escucho y me da vergüenza ajena", ha manifestado, al tiempo que le ha afeado que Vox votara en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para eliminar el término 'disminuido'. Según la diputada de Vox, si la reforma se hubiera restringido a ese cambio habrían estado de acuerdo. "Nosotros pensamos que la vulnerabilidad no viene determinada por el sexo", ha remarcado.

Desde Sumar, el diputado Lander Martínez ha destacado que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad son iniciativas "no solo son necesarias, sino además profundamente esperanzadoras" para "garantizar condiciones de vida dignas, autónomas y justas para todas las personas, sea cual sea su situación" aunque ha señalado que hay aspectos que les "preocupan" como que se "deje fuera" a las personas jóvenes con dependencia ya que "en muchos casos son servicios y prestaciones que están pensados desde una lógica de envejecimiento".

Mientras, los diputados de PNV, Maribel Vaquero, y de Junts, Josep Maria Cruset, han mostrado su preocupación por la invasión de competencias. Según Cruset, la propuesta del Gobierno tiene "una visión absolutamente centralista" y ha discrepado de la "imposición de modelos únicos de discapacidad y dependencia" como la desinstitucionalización. Por su parte, Vaquero ha advertido también de la "falta de financiación".