Ángeles Carmona pide prohibir el régimen de visitas si hay indicios de maltrato para prevenir la violencia vicaria

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, ha pedido este lunes en el Congreso de los Diputados que se prohíba el régimen de visitas cuando existan indicios de violencia de género para prevenir casos de violencia vicaria.

Así lo ha reclamado durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, donde ha solicitado modificar el artículo 94 del Código Civil y el 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, en los casos en los que no exista un régimen de visitas previo, este quede expresamente prohibido y no solo suspendido.

Carmona ha advertido de que muchas mujeres no denuncian ni abandonan el domicilio familiar por miedo a que sus hijos queden desprotegidos frente al agresor. "Ellas nos dicen: 'yo no quiero salir del domicilio porque mientras esté yo allí, yo recibo los golpes. Cuando yo me vaya, ¿quién protege a mis hijos?'", ha señalado.

"Es tan importante que las mujeres sepan que con la denuncia sus hijos van a estar protegidos", ha insistido la letrada de la Administración de Justicia del Tribunal de Instancia de Sevilla, sección violencia sobre la mujer, que ha reclamado herramientas legislativas para que los jueces puedan actuar "desde el minuto uno".

Asimismo, ha urgido a interconectar los sistemas informáticos de los juzgados de familia y los de violencia sobre la mujer para evitar casos de violencia vicaria y ha advertido de que actualmente un juez de familia solo puede consultar el SIRAJ --el sistema donde se anotan las órdenes de protección y las penas-- pero no todas las denuncias previas que no hayan dado lugar a medidas cautelares.

"Un juez de familia tiene que saber no solamente si hay una orden de alejamiento, sino si hay una denuncia previa", ha subrayado y ha recordado el caso de Sueca (Valencia) como ejemplo de la falta de coordinación entre juzgados. "Se trató de una falta de coordinación total y absoluta de los órganos judiciales que tenían la obligación de proteger a esa familia, especialmente a ese niño", ha precisado.

Según ha explicado Carmona, en esa sentencia, de junio de 2025, el Tribunal Supremo definió la violencia vicaria como el uso del daño a los hijos para causar "el mayor dolor de todos los imaginables" a la madre. "Mató a su hijo para causar el mayor dolor de todos los imaginables a su exmujer y fue el colofón de su deseo de dominación machista contra ella", ha citado.

LA VIOLENCIA VICARIA "ES PREDECIBLE"

En cuanto a la tipificación de la violencia vicaria, ha dejado la decisión en manos de los parlamentarios, aunque ha señalado que el Tribunal Supremo ya usa el término en sus sentencias sin que esté recogido en ningún texto legal. Asimismo, ha recordado que el alto tribunal ya ha reconocido el daño a mascotas como una forma de violencia vicaria. "La violencia vicaria ha estado invisibilizada durante muchísimo tiempo", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que la violencia vicaria "es predecible" y que las amenazas contra los hijos funcionan como "arma arrojadiza" en el momento en que la mujer verbaliza su deseo de dejar la relación.

Ha advertido además de que muchas mujeres no denuncian ni quieren abandonar el domicilio familiar por miedo a que sus hijos queden desprotegidos. "Ellas nos dicen: 'yo no quiero salir del domicilio porque mientras esté yo allí, yo recibo los golpes. Cuando yo me vaya, ¿quién protege a mis hijos?'", ha señalado.

"Es tan importante que las mujeres sepan que con la denuncia sus hijos van a estar protegidos", ha insistido, y ha pedido que haya herramientas legislativas para que los jueces puedan actuar "desde el minuto uno".

Carmona ha reclamado también la especialización de los jueces de violencia sobre la mujer, un "mandato legal del año 2017 que no se ha puesto en marcha" y ha pedido una modificación del artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces especializados en violencia de género tengan preferencia para acceder a los tribunales superiores frente a quienes carecen de esa formación.

Ha pedido igualmente que se impulsen en todo el territorio nacional los tribunales de infancia y adolescencia previstos en la Ley Orgánica 8/2021, de los que ha dicho que "solo se han creado tres plazas, una en Madrid y otra en Barcelona". "Es fundamental que existan jueces especializados en infancia con perspectiva de la infancia en todo el territorio nacional", ha remarcado.

La letrada ha finalizado su comparecencia insistiendo en la coordinación en la legislación para evitar la dispersión normativa y campañas de sensibilización para que las mujeres confíen en la justicia. "Es grave el hecho de que las mujeres no sepan o crean que denunciando no se les va a proteger", ha concluido.

LORENTE DEFIENDE QUE SE ABORDE COMO "VIOLENCIA DE GÉNERO VICARIA"

Por su parte, el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género y médico forense Miguel Lorente ha defendido que la violencia vicaria debe abordarse "en el contexto en el que se produce", es decir, como "violencia de género vicaria", al considerar que los menores sufren las consecuencias de la violencia ejercida contra la madre aunque no exista una agresión directa hacia ellos.

Durante su comparecencia ante la Comisión, Lorente ha explicado que la violencia no consiste únicamente en agresiones físicas, sino también en "el uso del poder" mediante amenazas, humillaciones o coacciones, especialmente en contextos de convivencia continuada. "Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de dos elementos fundamentales: la violencia y el género", ha indicado.

Asimismo, ha advertido de que convivir en un hogar con violencia machista ya provoca "lesiones y alteraciones" en menores, aunque el padre no se dirija específicamente contra ellos. "El hecho de vivir en el hogar donde existe la violencia de género ya es causante de lesiones y alteraciones como recogen todos los estudios", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que, ante indicios de violencia, los menores deben ser apartados del "foco de la violencia" y ha considerado que el régimen de visitas debe decidirse en función de esos factores de riesgo. "Si se toma y luego no se demuestra por alguna razón, no pasa absolutamente nada", ha apuntado sobre la suspensión de visitas.

Lorente también ha rechazado el llamado síndrome de alienación parental (SAP) y ha asegurado que el rechazo de un menor hacia el padre tras episodios de violencia no responde a una manipulación de la madre, sino a una experiencia traumática previa.

Igualmente, ha reclamado una respuesta que vaya más allá del ámbito judicial y ha defendido reforzar la atención sanitaria, educativa y social a los menores afectados por violencia de género. "El derecho no lo resuelve todo, y menos en violencia", ha advertido.

Durante el turno de los grupos parlamentarios PNV, ERC, PSOE y PP han preguntado a Carmona y Lorente sobre la fragmentación entre juzgados de violencia sobre la mujer, familia e infancia; la formación especializada de jueces y fiscales y la protección de los menores.

Vox, por su parte, ha cuestionado que el concepto de violencia vicaria se aplique únicamente a hombres y ha preguntado por los casos en los que son las madres quienes asesinan a sus hijos para dañar al padre. Frente a ello, Lorente ha insistido en que la violencia vicaria debe analizarse "siempre" dentro del contexto de violencia de género.