El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una fotografía de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
CCOO y UGT han reclamado que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia y el real decreto ley para la financiación del sistema de la dependencia sirvan para reducir las listas de espera y profesionalizar el sector.
"Los cuidados no pueden seguir sosteniéndose sobre el trabajo invisible de las familias y, sobre todo, de las mujeres, mientras se demora la construcción de un sector profesional estable y de calidad", subrayan en un comunicado, tras la aprobación este martes en el Congreso de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que ahora se remiten al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
En concreto, advierten de que "no se puede normalizar" el cuidado no profesional como "opción equivalente" al servicio profesional y reivindican que la prestación económica para cuidados familiares debe de tener "un carácter excepcional", reservada para los casos en que no es posible el acceso a un servicio profesional.
"Esa excepcionalidad de las prestaciones económicas no es tan sólo un mero matiz técnico, sino una garantía normativa para que el cuidado en el entorno familiar, que abrumadoramente está siendo desempeñado por mujeres, no sustituya el necesario despliegue de la red pública de servicios profesionales, que después de 20 años debería estar implantado y afianzado en todo el territorio de nuestro país", remarcan.
Además, los dos sindicatos han valorado "positivamente" los más de 2.200 millones de euros inyectados por el Real Decreto-ley aprobado también este martes, "que supone una financiación extraordinaria sin precedentes" y que sitúa al Estado central en el cumplimiento del compromiso de aportar el 50% del total de financiación, pero avisan de que "el éxito de la inversión se medirá en la reducción de listas de espera y la dignificación laboral del sector".
"Esta decisión política, que responde a una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales para reforzar el Estado del Bienestar, debe consolidarse para que deje de depender de medidas excepcionales y se convierta en un compromiso presupuestario estable y previsible", apuntan.
Al mismo tiempo, consideran que el incremento de financiación del Estado es "una oportunidad para reequilibrar la prestación de servicios públicos en atención a la situación de dependencia", a su juicio, "claramente minoritarios en la provisión de este servicio público básico y de importancia y demanda creciente".
También reiteran "la necesidad del diálogo social" y llaman "al conjunto de grupos parlamentarios" a que garanticen "la reversión de los recortes que en materia de copago siguen vigentes desde el año 2012" y a que establezcan en la ley "la obligación de que exista un marco común que regule el copago para todas las personas beneficiarias, acordado por todas las comunidades autónomas y el gobierno en el seno del Consejo Territorial del SAAD".