CyL integrará en una única ley todas las medidas que garantizan el derecho a la igualdad de personas con discapacidad

VALLADOLID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha sido informado del proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades que se presentará en julio y que integrará en un único texto legal todas las medidas que garantizan este derecho a las personas con discapacidad.

Según ha informado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, los trámites administrativos ya están cerrados y, de este modo, el texto será remitido al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo, como pasos previos para que el Consejo de Gobierno lo envíe a las Cortes de Castilla y León, antes de que finalice el actual periodo de sesiones, en el mes de julio.

Las más de 161.000 personas con discapacidad que residen en Castilla y León -el 6,3% de la población castellana y leonesa-, sus familias y aquellas personas en riesgo de padecerla, dispondrán de un "estatuto jurídico" propio que garantice una real igualdad de oportunidades, la efectividad de sus derechos y deberes, así como la máxima autonomía personal a lo largo de todo su ciclo vital y, en consecuencia, una mayor calidad de vida.

La futura Ley de Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad, que consta de 77 artículos y que ha sido consensuado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha superado ya los trámites administrativos para su remisión al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo, como pasos previos para que el Consejo de Gobierno envíe el texto legal a las Cortes antes del mes de julio.

La principal ventaja de esta ley es que se logrará la integración en un único texto legal de todas las medidas impulsadas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.

Se establecerá, para ello, una doble estrategia de intervención. Por un lado, se luchará contra la discriminación y por la accesibilidad universal y, por otro, se fijará una política transversal en materia de discapacidad. De esta manera, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas competencia de la Administración Autonómica: salud, educación, empleo, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente.

Para lograr una planificación coordinada de todas las actuaciones, la Junta se dotará de dos instrumentos de planificación: un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad y un Plan Regional de Accesibilidad, que orientará los programas y actuaciones de la Junta y de las entidades locales.

El objetivo que persigue la futura Ley es proporcionar a las personas con discapacidad un sistema de apoyos, medios y condiciones necesarios para su pleno desarrollo personal a lo largo de su ciclo vital -prevención, educación, empleo, integración social-, y por facilitarles el ejercicio de su poder de decisión y su participación activa en la vida de la comunidad.

La Ley pretende mejorar los recursos y la atención de las personas con discapacidad durante toda su vida, así como la eficacia en todos los entornos -educativo, laboral, cultural o de ocio-, superando el ámbito de los Servicios Sociales de carácter asistencial para considerarlos como auténticos derechos subjetivos.

La futura Ley recoge un nuevo enfoque de la atención a las personas con discapacidad, basado en los principios de no discriminación, de acción positiva, de defensa y protección jurídica, de sensibilización e información y medidas de participación y de promoción de la autonomía personal, además de la transversalidad, la inclusión y la responsabilidad pública.

No se trata de reconocer nuevos derechos para las personas con discapacidad, más allá de los recogidos en la Ley de Servicios Sociales, sino de garantizar un proyecto de vida que implique el máximo grado de autonomía personal, su integración sociolaboral y su participación en la sociedad.

Para dar una respuesta efectiva y adecuada a las necesidades de las personas con discapacidad se requiere una actuación coordinada tanto en el ámbito estatal y autonómico, como en el provincial y en el local, donde jueguen un papel decisivo los servicios sociales, la sanidad, la educación, el empleo, la cultura, el ocio y el deporte.

MEDIDAS QUE SE CONTEMPLARÁN EN LA LEY

La futura Ley contemplará medidas contra la discriminación y acción positiva en el ámbito de la salud, la formación, el empleo o los servicios sociales, así como actuaciones de sensibilización e información, de accesibilidad, de participación y de planificación.

En materia sanitaria la Ley garantiza una atención integrada de carácter social y sanitario para las personas con discapacidad. Además, prevé actuaciones para promover la salud, prevenir la discapacidad, detectar las situaciones que comportan discapacidades y asegurar la asistencia sanitaria, con especial énfasis en el medio rural.

En educación se garantizará una atención educativa específica que favorezca el desarrollo de las habilidades y capacidades que mejoren la calidad de vida, autonomía personal, participación y desarrollo en el entorno familiar y comunitario. También establecerá mecanismos para una transición adecuada entre las diversas etapas y niveles educativos, así como entre enseñanzas de formación profesional y acceso al empleo. Potenciará la integración en todos los niveles y etapas educativas, la promoción de la Formación Profesional, el acceso de las personas con discapacidad a los estudios universitarios y el asesoramiento a las familias del alumnado con discapacidad.

Asimismo, en el área de empleo, para lograr la inserción laboral, la Ley recoge el compromiso de elaborar un programa integral de empleo, que contemple el acceso al empleo principalmente ordinario, y también al protegido, con especial atención a la orientación, intermediación y apoyo para el autoempleo y desarrollo de proyectos empresariales. Junto a esto, se prevén planes de igualdad para las personas con discapacidad en las empresas, estableciendo medidas de fomento especialmente dirigidas a pequeñas y medianas empresas, así como la orientación, formación y apoyo para el empleo.

En Servicios Sociales las personas con discapacidad podrán participar en la planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de los servicios sociales. Y cada persona usuaria podrá tomar sus decisiones y hacer un seguimiento de las actuaciones que les afecten.

Del mismo modo, la Ley persigue la participación de la iniciativa social en las políticas para las personas con discapacidad, así como la participación de la iniciativa privada en la gestión y provisión de prestaciones para las personas con discapacidad y sus familias.

Por último, la futura Ley contempla una planificación específica para desarrollar, de una forma organizada las actuaciones, mediante un 'Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad de Castilla y León', además de un 'Plan Regional de Accesibilidad Universal'.