El Defensor del Pueblo alerta de que los sistemas de protección de violencia machista "no se coordinan adecuadamente"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alertado de que los sistemas de protección a víctimas de violencia machista Atenpro, Cometa y el policial "no se coordinan adecuadamente entre sí", según se desprende del informe anual de la actividad de 2025 de la institución, registrado este martes en el Congreso y entregado a su presidenta, Francina Armengol.

En concreto, expone que se ha comprobado que el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres (Atenpro), Cometa, el encargado del funcionamiento de los dispositivos de control telemático para maltratadores, y el sistema policial "no se coordinan adecuadamente entre sí".

En este sentido, el informe, consultado por Europa Press revela que estos sistemas "tienen dificultades para comunicarse fluidamente con los jueces" y que, además, hay "problemas" de distribución territorial de competencia entre policías a la hora de atender una emergencia.

"El problema subyacente es la desproporción entre el número de víctimas atendidas y el incremento de uso de los dispositivos con los recursos destinados a la prestación del servicio", asegura.

El Defensor del Pueblo mantiene abiertas cuatro actuaciones para analizar "la calidad y suficiencia" de estos servicios y las medidas de seguimiento y control de los contratos con las empresas tecnológicas.

Por otro lado, la institución advierte de que los retrasos en los procesos judiciales de violencia de género "prolongan la situación de vulnerabilidad de las mujeres y en muchos casos intensifican el conflicto o la violencia".

El Defensor del Pueblo explica que esta situación "debilita" la confianza de las víctimas de violencia de género en el poder judicial como sistema de "protección eficaz".

Además, indica que es "especialmente dañino" cuando se trata de la ejecución de sentencias (ya sean penales o civiles), puesto que, según expone la institución, "se impide la reparación, la compensación económica por los daños derivados de la violencia, o la recuperación física, psíquica y social de las víctimas". También asegura que "es algo que puede ser percibido como un mensaje de impunidad para los maltratadores".

"La incertidumbre prolongada puede afectar a la salud mental de las víctimas y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha alertado de que es habitual que estas desarrollen ansiedad, depresión y estrés postraumático durante el proceso judicial", subraya.

La institución ve "necesario" dar prioridad a la tramitación de estos casos, con plazos procesales perentorios y que las medidas de protección cautelar se alarguen hasta la sentencia civil. "Debería reducirse la burocracia y fomentar el uso de audiencias virtuales, sistemas de notificación electrónica, etcétera. Para ello es necesario mejorar la planta judicial", añade.

Del mismo modo, destaca en el documento que "las víctimas deben sentirse escuchadas, respetadas y atendidas por parte de las administraciones".

En esta misma línea, advierte de que "siguen produciendo malestar" la "complejidad" de los procesos judiciales, las "dilaciones" en la resolución de los asuntos o la "desatención" a los derechos de las víctimas en el proceso.

"VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA" QUE "ALEJA" DE LA DENUNCIA

"El número de asuntos de violencia de género que son conocidos anualmente por los juzgados sigue creciendo y se sigue denunciando una victimización secundaria que en ocasiones aleja a las mujeres de la denuncia y las lleva a desconfiar de los sistemas de protección, especialmente cuestionados este año a raíz de los incidentes de las denominadas 'pulseras antimaltrato'", avisa.

De la misma manera, precisa que los problemas en los procesos de ejecución judicial "siguen revelando fallos en los sistemas telemáticos de control de cumplimiento de medidas, en la coordinación entre servicios, en la información a las víctimas o a las fuerzas de seguridad". En cuanto a los quebrantamientos de condena (cuando los agresores incumplen las órdenes de alejamiento), reconoce que "son difíciles de perseguir", pero advierte de que "las víctimas permanecen en el miedo, incluso aunque tengan medidas de protección acordadas para ellas".

En el ámbito penal, "preocupan" al Defensor del Pueblo los sistemas de notificación a las víctimas tanto de las sentencias en sí como de las ejecutorias con diligencia de requerimiento. Por ello, informa de que ha pedido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que analice si los actuales sistemas informan "de forma efectiva y en tiempo real" a las víctimas, que "tienen derecho a saber qué está pasando con su agresor para poder tomar medidas de autoprotección frente a las excarcelaciones".