Publicado 17/07/2020 11:40:59 +02:00CET

Defensor del Pueblo pide a jueces y fiscales suspender de oficio en los divorcios la patria potestad a maltratadores

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en el Congreso
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en el Congreso - Congreso - Archivo

   MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha recordado que es "imprescindible" que los jueces y fiscales "extremen el cuidado" sobre el incremento del riesgo al que se somete a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género durante los procesos de divorcio.

   En este sentido, ha insistido en que es "necesario" que se apliquen las normas previstas en la legislación vigente para proteger a los niños y niñas una vez que se ha emitido la orden de protección para la madre, pronunciándose incluso de oficio, sobre la suspensión de la patria potestad, o de la tutela, curatela, guarda o acogimiento, o sobre la posibilidad de suspender o modificar el régimen de visitas, comunicaciones o estancia con los menores; "adoptando cualquier disposición que sea necesaria para apartarles de un peligro o evitarles perjuicios".

   En este contexto, la institución ha incidido en que "un maltratador nunca puede ser un buen padre". Así, ha asegurado que, desde 2013, fecha en la que se les comenzó a incluir en la estadística de los crímenes machistas, 37 niños y niñas han sido asesinados. "En muchas ocasiones, estos crímenes han ocurrido mientras el menor estaba con su padre durante el régimen de visitas", ha dicho.

   En opinión del Defensor, los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género "deben tener garantizadas todas las medidas de asistencia y protección existentes, tal y como establece la ley". En este sentido, ha resaltado que el Pacto de Estado sobre violencia de género "ha sido un gran acierto pero es necesario desarrollar todas las medidas de protección que contempla".

   La institución añade que el Ministerio de Justicia ha aceptado las recomendaciones del Defensor del Pueblo en este sentido recordándole que el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia introducirá modificaciones del régimen de visitas y de la guarda y custodia de los menores en caso de condena del padre por violencia de género, según ha informado la institución.

   El Defensor del Pueblo considera que los menores de edad "son siempre víctimas" de la violencia de género que se ejerce sobre sus madres y por eso recomendó a finales del año pasado que se modificaran las normas necesarias para asegurar la revisión del régimen de visitas, siempre que exista una orden de protección en vigor respecto a la madre de los menores afectados, así como la suspensión en todos los casos de condena por delitos de violencia de género.

   Las recomendaciones realizadas se enmarcan en el seno de dos actuaciones de oficio que la institución abrió tras los asesinatos, a manos de sus padres durante el régimen de visitas, de dos hermanas en Castellón, en septiembre de 2018, y de un niño en la localidad murciana de Beniel, en julio de 2019.

   La Secretaría de Estado de Justicia ha comunicado a la institución que dirige Francisco Fernández Marugán que, entre las medidas previstas, muchas de las cuales conllevan reformas legislativas, prevé "configurar como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o por asesinato cuando la víctima y el autor de los delitos tuvieran un hijo en común, o cuando la víctima sea hijo o hija del autor, respecto de otros hijos e hijas, si existieren".

   Además, Justicia ha asegurado que la nueva normativa "reforzará el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, escuchados y tenidos en cuenta en contextos de violencia contra ellos".

   Para el Defensor del Pueblo, la aceptación de estas recomendaciones supone el reconocimiento de una de las principales reivindicaciones de las víctimas de violencia de género que han visto morir a sus hijos a manos de sus parejas o ex parejas, "para que ningún otro niño o niña tenga que sufrir como víctima vicaria la violencia machista".

   De hecho, a juicio de la institución, la incorporación de sus recomendaciones al proyecto de Ley contribuirá a "reforzar" los mecanismos con los que ya cuenta el ordenamiento jurídico español y "redundarán en una mejor protección" de los niños y niñas víctimas de la violencia machista.

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