Publicado 06/05/2021 12:07CET

El Defensor del Pueblo, "preocupado" por el aumento de personas en las 'colas del hambre' y a la espera del IMV

Archivo - Vecinos realizan una cola para recoger bolsas de la Asociación de Vecinos Parque Aluche durante la pandemia.
Archivo - Vecinos realizan una cola para recoger bolsas de la Asociación de Vecinos Parque Aluche durante la pandemia. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

   MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha mostrado su "preocupación" ante el aumento de personas sin recursos que acuden a asociaciones vecinales, a las denominadas 'colas del hambre', para cubrir sus necesidades básicas, y que están a la espera de la resolución del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

   "El Defensor del Pueblo debe poner de manifiesto su preocupación por el aumento de personas que se quedan sin recursos económicos de ningún tipo, sin derecho a prestación o a la espera de la resolución de ingreso mínimo vital o con una prestación o subsidio de desempleo reconocido que no resulta suficiente para enfrentar el coste de sus necesidades familiares de subsistencia, y que están siendo respaldadas por las asociaciones vecinales y colectivos sociales", subraya Fernández Marugán en el informe anual de la institución.

   En el documento, presentado este jueves de forma telemática ante el Parlamento, el Defensor del Pueblo hace una mención especial al "incremento" de las quejas relativas a ayudas de alimentos, así como a las ayudas al alquiler presentadas por los usuarios de los servicios sociales, un aumento que atribuye a la crisis económica derivada de la pandemia.

   El Defensor del Pueblo explica que, ante estas quejas, se ha dirigido a los ayuntamientos, a fin de confirmar que se ha atendido debidamente la situación de vulnerabilidad expuesta, en función de la disponibilidad de ayudas existentes, la regulación y las circunstancias concurrentes en cada caso.

   Por otro lado, Fernández Marugán advierte en su informe de las "demoras excesivas" en la resolución de las solicitudes de rentas mínimas autonómicas, que "siguen siendo el motivo fundamental de queja". Según precisa la institución, esta dilación ya venía siendo habitual antes de la declaración del Estado de alarma y "se ha incrementado en 2020".

   Por ello, la institución señala que ha insistido ante las consejerías competentes en que la suspensión o interrupción de los plazos administrativos por el Estado de alarma, "no resulta de aplicación a las solicitudes pendientes de resolver antes de su entrada en vigor, cuando a dicha fecha ya hubiera transcurrido el plazo máximo legal previsto para su resolución".

   Además, Fernández Marugán avisa de que la aprobación por parte del Gobierno del Ingreso Mínimo Vital, "ha repercutido" también en la tramitación de las rentas mínimas autonómicas, "que han demorado aún más su tramitación debido a que tienen carácter subsidiario y complementario".

   En este contexto, el Defensor del Pueblo precisa que está examinando la repercusión en la tramitación de los procedimientos administrativos autonómicos de rentas mínimas que se encontraban en trámite antes de la aprobación del IMV, tanto en las solicitudes iniciales como en las solicitudes de reanudación o ampliación de la renta mínima.

ATENCIÓN ESPECIAL A PERSONAS SIN HOGAR

   Por otro lado, el informe detalla que, durante los primeros días de la pandemia y el Estado de alarma, la institución recibió el testimonio de "muchas personas, voluntarios y organizaciones no gubernamentales" que solicitaban una atención especial hacia las personas sin hogar.

   Entre otras cuestiones, según señala, se denunciaba que el incremento de usuarios en los centros existentes generaba "hacinamiento e impedía crear los espacios de seguridad" necesarios para evitar contagios, así como la "falta de refuerzo sanitario y de servicios de limpieza y desinfección". Se indicaba, además, que los espacios adicionales de alojamiento "no estaban siendo suficientes".

   El Defensor del Pueblo solicitó información a todas las comunidades autónomas, diputaciones forales del País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y algunos ayuntamientos como el de Madrid y el de Torrelavega. Según la institución, todas las administraciones comunicaron a esta institución las medidas adoptadas, que fundamentalmente consistieron en la habilitación de nuevos recursos de acogida de emergencia, así como la extensión de los recursos ya existentes.

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