El Defensor del Pueblo reclama "medidas urgentes" contra la trata laboral mientras la ley sigue pendiente

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha advertido de la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, ante la falta de avances en la tramitación de la futura ley integral contra este fenómeno.

"A juicio del Defensor del Pueblo, las graves carencias del actual modelo de detección, identificación y protección para las víctimas de trata con fines de explotación laboral deben ser de preferente de atención mediante la adopción de medidas urgentes que no pueden demorarse hasta la aprobación de la citada norma", asegura.

Así se desprende del Informe Anual de la actividad del 2025 de la institución, que este martes ha entregado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

La Ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2024, continúa pendiente de tramitación parlamentaria.

El informe subraya que, desde la reforma del Código Penal de 2010, "el delito de trata de seres humanos se tipifica de manera independiente del delito de tráfico ilegal de personas", lo que ha permitido "eliminar la confusión entre ambos delitos" y "mejorar su tipificación, adaptándola a las normativas europea e internacional".

El informe destaca que, pese a la existencia del Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos desde 2011, "el citado protocolo marco tan solo contiene en su anexo II indicadores circunscritos a las víctimas de trata con fines de explotación sexual". Según el Defensor, "la situación de las potenciales víctimas de trata con fines de explotación laboral no ha experimentado mejoras significativas".

"BARRERAS INSALVABLES" PARA DENUNCIAR

El informe advierte que las personas migrantes en situación irregular enfrentan "barreras insalvables que enfrentan las personas migrantes en situación irregular víctimas de delitos para denunciar de una manera segura". También avisa de que la exoneración de responsabilidad administrativa y el acceso a una autorización provisional de trabajo y residencia, previstas en la legislación, alcanzan a un número "limitado" de víctimas.

Por ello, el Defensor insiste en que "se ha de garantizar la identificación administrativa de las potenciales víctimas desde el primer momento posible, poniendo en marcha todas las medidas de protección que sean necesarias para asegurar no solo la paralización de expulsión, sino también que, con independencia del tipo de explotación de la que sea víctima, la persona acceda a recursos adecuados para su acogida y atención".

Asimismo, la institución recuerda la importancia de la Directiva (UE) 2024/1712, que establece la necesidad de "mecanismos de derivación formales" y garantiza "el acceso a centros de acogida y alojamientos seguros equipados para atender las necesidades específicas de las víctimas de trata de seres humanos". No obstante, apunta el informe, "esta cuestión está lejos de cumplirse para las víctimas de trata con fines de explotación laboral debido a la falta de recursos".