Feministas abolicionistas piden a PSOE y PP que se unan para acabar con la prostitución, tras la encuesta del CIS

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Feministas abolicionistas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han pedido a PSOE y PP que se unan para acabar con la prostitución, tras la publicación de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción social de la prostitución.

"Los resultados de la encuesta del CIS interpelan al PSOE y al PP para llegar a un acuerdo que de respuesta a lo que la mayoría de la sociedad española demanda respecto a la violencia de la prostitución, la trata y la pornografía", aseguran desde la organización de mujeres, en declaraciones a Europa Press.

El estudio, impulsado por el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, señala que el 68,9% de la población considera que la prostitución es "una forma de violencia contra las mujeres", según los resultados de la encuesta realizada a 10.019 personas.

Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres sostienen que los resultados demuestran que la sociedad española "va por delante del Parlamento". A su juicio, existe una "mayoría social" que reclama que la mayoría parlamentaria se ponga de acuerdo para actuar contra la prostitución, la trata y la pornografía.

La organización interpreta que los porcentajes del CIS coinciden con la suma parlamentaria del PSOE y el PP, dos fuerzas que en distintos momentos han manifestado su voluntad de poner límites a la prostitución. Por ello, instan a ambos partidos a alcanzar un acuerdo que responda a lo que consideran una "demanda mayoritaria de la ciudadanía".

"El Partido Socialista no puede seguir atado a las imposiciones de una minoría parlamentaria que no quiere actuar frente a una demanda social mayoritaria. Es el momento de que priorice los intereses de la infancia y de las mujeres", recalca.

Por su parte, desde la Comisión 8M advierten en declaraciones a Europa Press que la prostitución es "compleja" y que "no puede abordarse de manera simplificadora". En este mismo punto advierten de que esto último es lo que está intentando hacer el Ministerio de Igualdad, "con encuestas que obvian la diversidad de situaciones y problemáticas en las que se ejerce la prostitución".

De la misma manera, subrayan que dentro del movimiento feminista han coexistido siempre diversas posturas, "trabajando siempre desde la diversidad en las múltiples cosas que unen a los feminismos".

También insisten en que el colectivo de mujeres que ejercen la prostitución es "muy diverso" y reconocen la "situación de vulnerabilidad que sufren y las múltiples violencias a las que están expuestas, tanto físicas como institucionales". "Muchas de ellas son migrantes, personas trans y no binarias, discriminadas por el racismo, la xenofobia, la transfobia y los discursos de odio. Están altamente desprotegidas y sus derechos son vulnerados, también por las instituciones", agregan.

En esta línea, señalan, por ejemplo, el impacto de la legislación sancionadora en materia de seguridad ciudadana, las dificultades derivadas de la Ley de Extranjería y la exclusión de derechos sociales básicos como el acceso a la vivienda o la protección social. "Sobre todas estas cuestiones, el Ministerio de Igualdad no hace nada", denuncian.

AYUDAS A ENTIDADES QUE SE DECLAREN ABOLICIONISTAS

Además, la Comisión 8M cuestiona la modificación de las órdenes ministeriales que regulan subvenciones para programas de prevención e investigación de la violencia y apoyo a víctimas de trata. Así, recuerdan que el Ministerio ha propuesto recientemente exigir que las entidades solicitantes reconozcan expresamente que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres.

"Nos parece gravísimo, ya que las subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva deben regirse por criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, orientados exclusivamente al interés general. El Ministerio de Igualdad está imponiendo un veto ideológico para acceder a las subvenciones y pone en peligro la lucha contra la violencia machista la prevención e investigación, y representa un ataque al derecho a la libertad de asociación para los grupos feministas en su acceso a los fondos públicos", apuntan.

Desde la Comisión 8M también exigen al departamento que dirige Ana Redondo que elimine este requisito ideológico de las bases reguladoras de las subvenciones y que garantice "criterios técnicos y no discriminatorios" para la concesión de las subvenciones.

Finalmente, reclaman la presentación de una propuesta de Ley integral de Trata y contra todas las formas de explotación, "mil veces anunciada pero nunca presentada", y que se haga "con toda la diversidad del movimiento feminista y siguiendo el mandato de Naciones Unidas".