El Gobierno y la Alianza por una ley de Igualdad de Trato coinciden en reforzar la atención a víctimas de discriminación

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se reúne con la Alianza por una ley para la igualdad de trato
La ministra de Igualdad, Irene Montero, se reúne con la Alianza por una ley para la igualdad de trato - MINISTERIO DE IGUALDAD
Europa Press Sociedad
Publicado: miércoles, 9 diciembre 2020 18:33

   MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Igualdad se ha reunido este miércoles con la Alianza por una ley de Igualdad de Trato para hablar sobre la norma que prepara el Gobierno en esta materia y han coincidido en la necesidad de reforzar la atención a las víctimas de delitos por discriminación.

   La ministra Irene Montero y la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, han recibido en la sede del Ministerio a una representación de la alianza, una organización formada por asociaciones como Accem, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz y Red Acoge.

   Tal y como ha informado Igualdad, tanto Montero como Bosaho han trasladado a la alianza el "firme compromiso" del Gobierno de impulsar esta Ley, mejorando el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación.

   Además, tanto las organizaciones como el Ministerio, han compartido la necesidad de que la Ley refuerce la atención a las víctimas desde un enfoque tanto preventivo como reparador.

ESTANCADA MÁS DE 10 AÑOS

   La entidades ya habían enviado al Gobierno un escrito, el pasado mes de noviembre, en el que le pedían que cumpliera con su compromiso con la ONU y aprobara de forma "urgente" la ley de Igualdad de Trato que, según han denunciado, está "estancada desde hace más de 10 años".

   Fue en 2011, explica la alianza, cuando una normativa de esta materia se remitió al Congreso de los diputados. Un texto que tras dos años de trabajo, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, decayó en las Cortes por la convocatoria de elecciones.

   Las entidades avisan de que, en este tiempo, "las situaciones de discriminación" a las que se enfrentan en su día a día las personas con las que trabajan, no pueden responderse de manera efectiva, "porque no existe un marco normativo específico que las sancione o que las aborde de manera adecuada".

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