MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, decreto que establece el reglamento que regula el sistema de acogida y que, según ha explicado el departamento que dirige José Luis Escrivá, tiene "un triple objetivo": reforzar la eficiencia del mismo; introducir un nuevo instrumento de financiación a largo plazo, como es el concierto social; y dotar de mayor seguridad jurídica al sistema con una norma (reglamento) equiparable al de países del entorno.
Desde Inclusión han informado de que en la fase de valoración y derivación de la acogida, que dura un máximo de 30 días, se evalúan las necesidades específicas de cada persona y, en función de ellas, se establece el recurso al que será derivada.
Durante esta fase, el Ministerio de Inclusión proveerá de alojamiento y cubrirá todas las necesidades básicas en recursos de alojamiento colectivos. Para la entrada en el sistema, se establece un indicador objetivo de ausencia de medios económicos, equivalente al Ingreso Mínimo Vital para una unidad familiar compuesta por un adulto que en 2022 está situado en 5.899,6 euros anuales.
En cuanto a la fase de acogida se proporcionará a los beneficiarios un itinerario de acogida e inclusión con la vista puesta en la adquisición gradual de la autonomía.
Esta fase, según ha declarado Inclusión, tiene una duración máxima prevista de 6 meses, aunque puede prorrogarse atendiendo a circunstancias específicas de cada persona. Del mismo modo, señala que, durante la etapa de acogida, el Ministerio proveerá de alojamiento en el recurso que se haya determinado durante la fase anterior.
Finalmente, el Ministerio ha indicado que la fase de autonomía consiste en la continuación del itinerario individualizado en la fase previa fuera del centro de acogida, de forma que la persona reciba el apoyo necesario para su plena inclusión en la sociedad. En este caso, la duración máxima es de 6 meses, prorrogables otros 6 para las personas reasentadas y se proveen ayudas económicas para alquiler.
NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN MÁS ESTABLE
En segundo lugar, el decreto aprobado también establece la acción concertada como vía para mejorar la financiación del sistema de acogida con una visión a largo plazo. Según ha apuntado Inclusión, el nuevo modelo de acción concertada sustituye al modelo único de subvenciones anuales en el sistema de acogida de Protección Internacional, y se extiende a la Atención Humanitaria.
Además, ha destacado que se "dota de mayor estabilidad a las entidades que colaboran" con el Ministerio de Inclusión en la gestión de la acogida, al establecer un plazo de financiación 2 a 4 años, ampliable por el mismo periodo.
Con ello, según ha apuntado Inclusión, se afianza el vínculo del Ministerio con las entidades, consolidando un sistema mixto de gestión que favorecerá el intercambio de información y permitirá a las entidades colaboradoras mejorar su planificación de recursos, incluidos los recursos humanos, dotando a su personal de mayor estabilidad.
El departamento de Escrivá ha explicado que este nuevo sistema prevé un anticipo del 50% de la entidad concertada al inicio del acuerdo y la liquidación periódica del resto del importe en función de los costes incurridos. De esta forma, el nuevo sistema de financiación promoverá la eficiencia, el intercambio de información entre el Ministerio y las entidades y la evaluación del cumplimiento de objetivos.
Finalmente, el Reglamento incrementará la seguridad jurídica del sistema, ya que actualiza y centraliza distintas normas de diferente rango dispersas en el ordenamiento jurídico.
En este sentido, Inclusión ha indicado que el sistema de acogida será reforzado con "todas estas medidas" en un momento "de gran importancia", tras haber respondido con rapidez y eficiencia al reto que supuso la acogida de 400 familias procedentes de Afganistán el pasado verano y al que está suponiendo la llegada de familias procedentes de Ucrania tras la activación de la directiva de protección temporal.
