Publicado 15/10/2018 17:20CET

Más del 70% de las denuncias sobre discapacidad recopiladas por el CERMI en 2017 fueron por falta de accesibilidad

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FAMDIF - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 71% de las denuncias recogidas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) son relativas a carencias de accesibilidad universal, según su informe anual sobre Derechos Humanos y Discapacidad en España, correspondiente a 2017.

Así lo ha explicado el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, durante la jornada 'En defensa propia: defensa legal de las personas con discapacidad', organizada por el CERMI y celebrada este lunes en la sede del Consejo General de la Abogacía.

Tras una década elaborando este estudio, Martín ha afirmado que "lamentablemente todavía" hay que recoger "muchas más denuncias que avances y propuestas de mejora". El que más denuncias ha suscitado, según ha indicado, ha sido el de la accesibilidad universal, "pese a que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que se dio España en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles, algo que claramente se ha incumplido y que supone un fracaso como sociedad".

Según ha informado el CERMI, otros aspectos que han motivado más denuncias han sido el empleo y el derecho a una vida independiente (artículos 27 y 28 de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad, respectivamente).

No obstante, el informe destaca, entre los avances, que en 2017 se llevó a cabo la reforma de la Ley del Jurado Popular para que las personas con discapacidad puedan participar en este tipo de tribunales; los primeros pasos para reformar la ley electoral y "acabar con la privación del derecho de sufragio que sufren casi 100.000 personas con discapacidad"; y la aprobación de la nueva ley de Contratos del Sector Público, entre otros aspectos.

En el acto, el asesor jurídico del CERMI, Óscar Moral, ha criticado que "la legislación en materia de discapacidad se incumpla y no pase nada, algo inimaginable en otros ámbitos". Por ello, ha asegurado que se reforzará el trabajo de la Red de Defensa Legal de las personas con Discapacidad del CERMI Estatal, en la que pueden participar miembros de entidades asociadas al CERMI y personas expertas del mundo del derecho que quieran realizar aportaciones.

Por su parte, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Isabel Caballero, ha centrado su discurso en la necesidad de visibilizar la discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, para lo que la FCM va a realizar anualmente (desde este mismo ejercicio) un informe específico sobre su situación.

En este sentido, Caballero ha avanzado que se prestará especial atención a aspectos como la violencia, las esterilizaciones forzosas y abortos coercitivos y barreras de acceso al empleo o la vida independiente.

DELITOS DE ODIO

En la jornada ha tenido lugar la mesa 'El discurso y los delitos de odio hacia las personas con discapacidad', en la que ha intervenido el fiscal de Sala Delegado del Fiscal General del Estado para los delitos de odio y contra la discriminación, Alfonso Aya, quien ha expuesto ejemplos de situaciones discriminatorias a través de sentencias judiciales que sufren las personas con discapacidad.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha advertido de que en su organización no solo trabaja contra los delitos, "sino contra las actitudes, porque cuando se rechaza, se desprecia y no se aprecia a otra persona, no se está respetando el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos".

Igualmente, ha pedido mantener una perspectiva histórica con los delitos de odio y una visión universal, es decir, que si por ejemplo se perpetra un delito de odio contra una persona LGTBI en un país donde no es delito, sigue siendo un crimen de odio, porque debe tener "la visión universal y no local".

El encuentro ha contado con la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con cargo a los fondos recaudados a través de la casilla de fines sociales del IRPF.